El pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado la propuesta presentada por VOX para prohibir el acceso a dependencias municipales a aquellas personas que porten prendas que oculten totalmente el rostro, como el burka, el niqab o cualquier otra vestimenta de efecto equivalente. Así lo ha explicado el portavoz de VOX en el Consistorio, Antonio Ortolá, el cual ha señalado que «con esta decisión, Castellón da un paso más hacia la defensa de la libertad, la seguridad jurídica y, especialmente, hacia la protección de la dignidad de la mujer en los espacios públicos».

El portavoz ha sido claro al afirmar que «el burka y el niqab no son simplemente prendas de vestir. Son, en muchos contextos, la expresión visible de una imposición cultural que borra el rostro de la mujer, que la aparta del espacio público y que convierte su identidad en algo secundario. Muchas mujeres lo han descrito como una auténtica cárcel de tela. Y nosotros no estamos dispuestos a aceptar como normal algo que simboliza la sumisión y la negación de la identidad femenina».

Ha respondido también a quienes minimizan la cuestión alegando que se trata de casos aislados. «Pues bien, nosotros les respondemos que por una sola mujer que esté obligada a llevar burka en nuestra ciudad, esta moción ya merece la pena. Una sola. Porque si existe una sola mujer cuya identidad esté siendo ocultada por imposición, si hay una sola mujer que no pueda mostrar su rostro con libertad, nosotros no vamos a mirar hacia otro lado. VOX no va a ser cómplice de ninguna forma de machismo, venga de donde venga. Ni una mujer sometida. Ni una mujer invisibilizada. Ni una mujer obligada a nada».

Por otro lado, el portavoz de VOX ha explicado que «la regulación también responde a criterios de seguridad y de correcto funcionamiento administrativo. Las dependencias municipales son lugares donde se gestionan expedientes con efectos jurídicos, donde se manejan datos personales sensibles y donde los empleados públicos deben poder identificar con claridad a la persona que tienen delante». «Es una cuestión de garantía jurídica y funcionamiento básico de la Administración. Si el rostro no es visible, la identificación se dificulta de manera objetiva».

Ortolá ha recordado además que «el Ayuntamiento tiene competencia para regular el acceso y uso de sus instalaciones». «La Constitución habla de dignidad, de igualdad y de objetividad en la actuación de la Administración. La Ley de Bases del Régimen Local nos habilita para ordenar el uso de los edificios municipales. Dentro de ese marco, exigir que el rostro esté visible para acceder a una dependencia pública es una medida proporcionada, razonable y plenamente coherente con la seguridad jurídica», ha concluido.