La Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, a exigencia de VOX, ha fijado en 284.850 euros la subvención nominativa que percibirá cada uno de los cuatro agentes sociales más representativos en Extremadura dentro del proyecto de Presupuestos para 2026. La cuantía supone una reducción del 50% respecto a las ayudas concedidas hasta ahora y se enmarca en los compromisos recogidos en el acuerdo de gobernabilidad suscrito entre el Partido Popular y la formación de Santiago Abascal.
La cuestión salió a relucir durante la Comisión de Administración Pública y Diálogo Social de la Asamblea de Extremadura, después de que el diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi interrogara al Ejecutivo autonómico sobre la política de financiación de los sindicatos a lo largo de la presente legislatura.
La secretaria general de la consejería, Inmaculada Núñez Arroyo, defendió que la rebaja responde a una revisión técnica y jurídica de las subvenciones. Según explicó, la Junta ha analizado las cantidades abonadas en años anteriores y ha concluido que algunos incrementos no se ajustaban al marco normativo vigente, especialmente a la Ley de Desindexación de la Economía Española, que impide actualizar automáticamente las ayudas conforme al IPC.
Núñez aseguró que cualquier aumento de estas partidas sólo podría justificarse mediante una norma con rango de ley o acreditando un incremento real de los costes asociados a la actividad subvencionada. Asimismo, recordó que el acuerdo entre PP y VOX apuesta por revisar y reducir las subvenciones dirigidas a organizaciones privadas que no tengan utilidad pública acreditada.
La responsable autonómica detalló además que el análisis realizado por la Junta detectó diversos incrementos producidos en ejercicios anteriores que, a juicio del Gobierno extremeño, carecían de la correspondiente justificación económica. Entre ellos mencionó subidas anuales de 30.000 euros registradas entre 2016 y 2018 y un aumento del 237,22% en 2020, cuando las ayudas alcanzaron los 618.481 euros.
Desde Unidas por Extremadura, Schirinzi rechazó la explicación ofrecida por el Ejecutivo y sostuvo que el recorte obedece exclusivamente a razones políticas derivadas del pacto entre PP y VOX. El diputado acusó al Gobierno regional de utilizar argumentos técnicos para encubrir una decisión ideológica y defendió el papel de los sindicatos en la defensa de los trabajadores y empleados públicos.
Por su parte, VOX reivindicó abiertamente la reducción de las subvenciones y aseguró que forma parte de su compromiso de disminuir el gasto destinado a organizaciones sindicales. La formación defendió que seguirá impulsando medidas para reducir aún más estas ayudas públicas y consideró que el recorte constituye uno de los principales logros del acuerdo de gobernabilidad alcanzado con el Partido Popular. «La izquierda rabia porque les estamos cerrando el grifo», ha concluido Inés Checa, diputada y portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en la Asamblea de Extremadura.
