La formación política presidida por Santiago Abascal ha presentado sendos escritos ante la Junta Electoral Central y ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pidiendo que se requiera a la Oficina del Censo Electoral, al Instituto Nacional de Estadística, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, etc, que determinen y detallen los recursos humanos, materiales, tecnológicos y presupuestarios disponibles o empleados en la ejecución de los autos del Tribunal Supremo que impiden votar a los «nacionalizados» por la ‘ley de nietos’.

Además, pide «un plan operativo» en el que figuren los procedimientos administrativos necesarios para ejecutar dichas resoluciones dentro de los plazos electorales, y reclama avisar a los órganos requeridos y a sus titulares de que el incumplimiento de lo requerido puede dar lugar a responsabilidad administrativa y disciplinaria y a responsabilidad penal.

El Tribunal Supremo rechazó el recurso del Gobierno que pedía levantar la suspensión cautelar de la ‘ley de nietos’ —impuesta gracias a VOX— y señaló que no podrán votar los nacionalizados por esa vía en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo acordó el pasado lunes la Sala de lo Contencioso-Administrativo en dos autos que desestiman las alegaciones de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada por el Supremo el pasado 10 de septiembre.

«Ahora les será más difícil robar las elecciones. No se puede fabricar votantes de manera ilegítima e ilegal», manifestó el presidente de VOX, Santiago Abascal, que celebró el gran triunfo de su formación en los tribunales. En la misma línea, el jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, manifestó que «el Supremo había hecho justicia». «No se puede aceptar una alteración del censo electoral», concluyó.