Pedirá que el ministro de Hacienda testifique ante el tribunal si sus explicaciones al juez sobre su negación de que haya habido malversación para pagar el 1-O no le satisfacen.
El informe que el juez del «procés» en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, encargó a la Guardia Civil revela que la Generalitat malversó 1.915.067,22 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017.
El partido VOX lo afirma así en su cuenta de Twitter, donde esta madrugada ha publicado que Llarena «acaba de levantar el secreto de la pieza separada de investigación de la posible malversación de caudales públicos acreditándose en la misma, según informe de la Guardia Civil, de la cantidad de 1.915.067,22 euros malversados».
VOX, personado como acusación popular en el proceso que se instruye contra los presuntos responsables del proceso independentista catalán, ha manifestado que esta conclusión «deja en evidencia lo manifestado por el ministro (Cristóbal) Montoro» y ha confirmado que pedirá que el ministro testifique ante el tribunal si sus explicaciones al juez sobre su negación de que haya habido malversación para pagar el 1-O no les satisfacen.
Considera que la gravedad del delito de malversación cometido en el proceso soberanista impulsado por políticos y líderes sociales en Cataluña, que según un informe que obra en manos del juez se acerca a los dos millones de euros, es comparable con la gravedad de las manifestaciones del ministro Montoro negando ese mismo delito. «Ha dejado a España en una posición complicada en el ámbito internacional», ha continuado.
El titular de Hacienda negó en una entrevista publicada el lunes por el diario El Mundo que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público, lo que ha llevado este miércoles a Llarena a pedirle por escrito que explique «a la mayor brevedad posible» sus afirmaciones, al considerar que las fuentes de prueba acumuladas durante la instrucción contradicen esa conclusión.
VOX, que pedirá que testifique ante el tribunal si sus explicaciones al juez sobre su negación de que haya habido malversación para pagar el 1-O no les satisfacen y no descarta emprender acciones penales, ha solicitado ya «la inmediata dimisión o cese del ministro de Hacienda por haber faltado a la verdad y haber causado un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas, perjudicando igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania».
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, por su parte, se ha comprometido este miércoles a aportar al juez Llarena toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria.
En un comunicado, Hacienda ha asegurado que ve «positivamente» la providencia del juez porque da la oportunidad a ese departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado.
