VOX ha presentado este martes una nueva querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por permitir que la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre continúe ocupando uno de los principales espacios públicos de la capital. La formación de Santiago Abascal considera que el representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tolerado durante más de dos semanas un asentamiento permanente que, a su juicio, excede los límites establecidos para el ejercicio del derecho de reunión.

La denuncia, registrada ante los juzgados de Madrid, atribuye al delegado del Gobierno presuntos delitos de prevaricación administrativa por omisión y omisión del deber de perseguir delitos. Los servicios jurídicos de VOX sostienen que Martín Aguirre habría evitado intervenir ante una situación que, según su interpretación, requería comprobar posibles irregularidades y adoptar las medidas correspondientes.

El partido argumenta que la protesta, convocada inicialmente para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda, ha terminado convirtiéndose en una ocupación prolongada de la Puerta del Sol. A su entender, la instalación de estructuras y la permanencia continuada de los participantes van más allá de una concentración convencional y no pueden quedar automáticamente amparadas por el derecho constitucional de manifestación.

La querella sostiene que, pese a conocer las circunstancias del asentamiento, el delegado del Gobierno «decidió no promover siquiera la comprobación de las extralimitaciones cometidas y de las correspondientes infracciones, ni valorar las medidas que procedían». VOX considera que esta presunta pasividad podría constituir una actuación arbitraria y no una simple diferencia de criterio sobre la gestión del orden público. Asimismo, recuerda que el derecho de reunión no excluye la obligación de las autoridades de investigar posibles conductas delictivas.

La iniciativa judicial no se limita al responsable gubernamental. VOX también dirige su querella contra siete personas vinculadas a la organización de la acampada, a quienes atribuye un presunto delito de reunión ilícita. Entre los señalados figuran cuatro portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, dos representantes de la Coordinadora Juvenil Socialista y un integrante de la comisión de urbanismo del campamento.

En este último caso, la formación fundamenta sus acusaciones en la supuesta presencia de objetos peligrosos dentro del asentamiento y en la presunta falta de actuaciones de sus organizadores para impedirlo. Con esta nueva iniciativa, VOX traslada a los tribunales tanto la actuación de los promotores de la protesta como la respuesta de la Delegación del Gobierno, cuya posible responsabilidad penal deberá ser examinada por la Justicia.