VOX se ha adelantado a un posible escenario judicial que afecte al presidente del Gobierno y ha registrado una propuesta para modificar el Reglamento del Congreso con el objetivo de impedir que una eventual petición de suplicatorio quede bloqueada por falta de pronunciamiento de la Cámara.

La formación liderada por Santiago Abascal considera que la normativa actual permite que la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, retrase la tramitación de una solicitud judicial hasta agotar el plazo establecido. En la actualidad, si la Cámara no adopta una decisión en un plazo de 60 días naturales durante el periodo de sesiones, el suplicatorio se entiende rechazado de manera automática.

Ante esta situación, VOX plantea invertir ese mecanismo y establecer el denominado silencio positivo. De este modo, si transcurre el plazo sin que el Congreso haya votado expresamente, la autorización judicial para investigar o procesar a un diputado se consideraría concedida y no denegada.

La iniciativa será defendida este jueves durante el debate sobre la reforma del artículo 23 del Reglamento impulsada por ERC, Junts, BNG, Compromís y Podemos para facilitar que las formaciones minoritarias y nacionalistas puedan constituir grupo parlamentario propio en futuras legislaturas. Tanto el PP como VOX han anunciado su rechazo a esa modificación.

Aprovechando ese debate, el partido de Abascal ha registrado una enmienda más amplia centrada en los artículos 13 y 14 del Reglamento de la Cámara. En concreto, propone modificar el apartado 2 del artículo 14 para que quede reflejado que el suplicatorio «se entenderá concedido» cuando el Congreso no se haya pronunciado dentro del plazo legal.

Desde Bambú sostienen que existe la posibilidad de que en el futuro pueda solicitarse un suplicatorio relacionado con Pedro Sánchez y temen que la Mesa utilice el actual sistema para evitar una votación pública sobre el asunto. Según argumentan, la Presidencia y la Mesa tienen capacidad para controlar la admisión inicial de la petición, su envío a comisión y la fijación del calendario parlamentario, lo que, a su juicio, abre la puerta a retrasar deliberadamente la tramitación.

VOX recuerda además que, desde la década de los noventa, ningún suplicatorio solicitado a las Cortes ha sido rechazado expresamente, ya que tradicionalmente se ha entendido que estas peticiones no obedecían a motivaciones políticas. No obstante, el partido considera que el debate sobre el denominado lawfare, especialmente tras el proceso separatista y las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno, ha modificado ese contexto.

Asimismo, la formación reclama cambios en el artículo 13 para establecer responsabilidades penales en caso de que el presidente del Congreso o cualquier miembro de la Mesa incumpla la obligación de tramitar un suplicatorio remitido por la autoridad judicial.