El Jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha celebrado este jueves que las denuncias presentadas por su formación en Bruselas sobre el uso de fondos Next Generation en el Ministerio de Igualdad empiezan a surtir efecto.
La reacción llega tras el anuncio de la Fiscalía Europea (EPPO) de que, junto con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está practicando medidas de investigación en la sede del Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude con fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de pulseras telemáticas de seguimiento para casos de violencia de género.
En un mensaje publicado en X, Buxadé ha escrito: «Las denuncias que realizamos en Bruselas de la corrupción socialista empiezan a surtir efecto. Esta semana, ADIF y ahora Igualdad, por las pulseras anti maltrato».
La denuncia de 2025
En septiembre de 2025, Jorge Buxadé registró una pregunta prioritaria ante la Comisión Europea en la que denunciaba el «mal uso» de fondos Next Generation en el contrato de las pulseras antimaltrato, adjudicado a la UTE Vodafone-Securitas por unos 35-42,6 millones de euros. VOX alertaba entonces de graves fallos técnicos (pérdida de datos en el sistema Cometa, problemas de batería y cobertura, agresores absueltos por falta de pruebas y víctimas desprotegidas) y de la desprotección de las mujeres, pese a las advertencias del CGPJ, la Fiscalía y los tribunales. Buxadé exigió a Bruselas que investigara y reclamara al Gobierno de Pedro Sánchez por el posible despilfarro de dinero europeo y la negligencia en la gestión.
La Comisión Europea respondió posteriormente que examinaba la cuestión, ya que el correcto funcionamiento del sistema estaba vinculado a hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia y, por tanto, a futuros desembolsos de fondos europeos.
La investigación actual
Según el comunicado oficial de la EPPO, la investigación, abierta el año pasado, se centra en un posible fraude que afecta a fondos europeos destinados a la compra de estos dispositivos electrónicos para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y órdenes de alejamiento. Las actuaciones de este jueves se han realizado simultáneamente en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas, que en septiembre de 2026 había detectado «graves deficiencias» en los contratos de 2018, 2021 y 2023 (por un importe total de 102,6 millones de euros).
El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, ha aclarado que la presencia de la UCO no ha constituido un registro formal, sino una solicitud de documentación sobre el contrato de 2023 (firmado bajo la etapa de Irene Montero). Fuentes del departamento han recordado que ya entregaron información a la Fiscalía Europea en marzo de este año.
Esta operación se produce días después de actuaciones similares de la Fiscalía Europea y la UCO relacionadas con ADIF, en el marco de investigaciones por posibles irregularidades en la gestión de fondos europeos.
VOX considera que los hechos de hoy confirman las advertencias que elevó a Bruselas en 2025 sobre la gestión de los fondos Next Generation en el Ministerio de Igualdad y el riesgo que los fallos del sistema de pulseras han supuesto para la seguridad de las víctimas.
