En el Pleno del Congreso de los Diputados de este martes por la tarde debatirá una proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, que pretende reducir la jornada máxima legal de trabajo ordinario. Frente a las pretensiones de Yolanda Díaz, vicepresidenta y titular de la cartera de Empleo, los socialistas se han adelantado a sus socios de Gobierno ante la inestabilidad generada por los vaivenes en la reforma laboral.
Son muchos los empresarios que han señalado directamente a Díaz y sus continuadas modificaciones de la reforma laboral. Por la puerta de atrás y sin consultar a los sindicatos ni a la patronal, la vicepresidenta ha modificado hasta en 23 ocasiones la norma aprobada en 2021. A través pequeñas regulaciones y modificaciones, ha ido cambiando el rumbo del sentido original de la reforma.
A través de mecanismos como los reales decretos —ninguno de ellos de naturaleza laboral—, reglamentos de leyes orgánicas y medidas urgentes, los empresarios y los sindicatos han quedado confundidos por la falta de transparencia de la que presume Yolanda Díaz. Así llegó a explicarlo Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, tras conocer la novedad en la reducción de la jornada parcial, prohibida en el Consejo de Ministros a petición de la vicepresidenta.
Tal y como declaró el presidente de la patronal, aquella maniobra de la líder de Sumar fue «otro apretón de tuerca que invalida el diálogo social que recoge la Constitución en su artículo 7». Siempre presumida por «abrir cauces de diálogo con todos» —a los que la vicepresidenta besa y abraza sin pudor—, en esta ocasión Díaz ha ignorado a los empresarios: «Es difícil que te planteen sentarte en una mesa en ese diálogo, cuando cada tres minutos te van cambiando, en este caso, el Estatuto los Trabajadores, por puros intereses partidistas», zanjó Garamendi.
Así también lo ha denunciado Jorge Puente, experto legal: «A lo largo de todo el año 2023, se han aprobado más de 23 normas que afectan gravemente a la gestión de las relaciones laborales, imponiendo más burocracia a las empresas, en lo que supone más costes, tales como cotizaciones adicionales por supuesta solidaridad, medidas para el colectivo LGTBI en empresas de más de 50 trabajadores, ampliación de los supuestos de nulidad del despido, etc».
Una denuncia que recoge el sentir generalizado de los empresarios: «Todas estas medidas, adoptadas al margen del diálogo social, suponen que nos encontremos ante un derecho laboral profuso, disperso y difuso, que ahonda en la inseguridad jurídica en la que se han de mover las partes en sus relaciones laborales», ha llegado a manifestar.
