El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha transmitido a su círculo más íntimo que está «muerto» tras conocer que quien durante años fue considerado uno de sus hombres de máxima confianza, el empresario Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, ha decidido colaborar con la Justicia en la investigación del denominado caso Plus Ultra. Según fuentes de su entorno citadas por The Objective, el exlíder socialista considera que la estrategia que había mantenido hasta ahora se ha venido abajo después de que su presunto testaferro optara por declarar y aportar documentación ante la Audiencia Nacional.

El cambio de escenario se ha producido a las puertas de la declaración judicial de Martínez ante el magistrado José Luis Calama. El empresario ha comunicado formalmente al juzgado su intención de cooperar con la investigación y de contribuir al esclarecimiento de los hechos que se analizan en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido por la SEPI a la aerolínea Plus Ultra. A ese movimiento se ha sumado también el consejero delegado de la compañía, Julio Martínez Sola, que igualmente ha remitido un escrito al juez.

De acuerdo con esos documentos, ambos sostienen que existía un acuerdo para que Zapatero percibiera una comisión equivalente al 1% del importe del rescate a cambio de intervenir en las gestiones encaminadas a obtener la ayuda pública. Estas manifestaciones suponen, según el citado medio, un giro de enorme trascendencia para la investigación, ya que afectan directamente a la versión mantenida hasta ahora por el expresidente.

Hasta hace apenas unos días, Zapatero confiaba en que ninguno de los principales investigados le señalaría ante el juez. Según las mismas fuentes, mantenía contacto indirecto con Julito a través de intermediarios desde que éste fue detenido, y los mensajes que recibía eran tranquilizadores. También daba por hecho que el máximo responsable de Plus Ultra mantendría la misma posición. Sin embargo, la presentación de ambos escritos habría alterado por completo ese escenario.

La relación entre Zapatero y Julio Martínez, siempre según el relato aportado por este último, comenzó en 2011 gracias a la mediación de Javier de Paz, actual presidente de Movistar+. El empresario asegura que fue entonces cuando adquirió una vivienda situada en Vera (Almería) perteneciente al matrimonio Zapatero, una operación cuya firma se habría realizado en el Palacio de la Moncloa. La investigación analiza si aquella compraventa respondía realmente a una transmisión ordinaria o si el inmueble permanecía bajo el control efectivo del expresidente. Además, dos de las principales sociedades mercantiles de Martínez fijaron posteriormente su domicilio social en esa misma vivienda, una circunstancia que la UDEF considera relevante dentro de sus pesquisas.

Según la versión del empresario, la relación entre ambos fue estrechándose durante los años siguientes mediante viajes frecuentes a Venezuela y diversos proyectos empresariales desarrollados con el respaldo de la agenda internacional del expresidente. No obstante, el escrito presentado ante la Audiencia Nacional centra su colaboración únicamente en las operaciones desarrolladas desde 2019, que son las que forman parte de la investigación judicial.

Precisamente a finales de ese año nació Análisis Relevante S.L., una consultora que, según Martínez, fue creada durante una reunión en la que participaron Javier de Paz, Sergio Sánchez y él mismo. Aunque Zapatero no figuraba oficialmente ni como socio ni como administrador, el empresario sostiene que era quien dirigía realmente la compañía, decidía la estrategia comercial y captaba personalmente a los clientes aprovechando sus contactos internacionales.

Entre esas empresas figuraba Plus Ultra. Martínez relata que en mayo de 2020 recibió el aviso del propio Zapatero de que sería contactado por la dirección de la aerolínea debido a sus problemas financieros. En un primer momento se intentó obtener financiación privada mediante gestiones ante Banco Santander y La Caixa, pero, al fracasar esas vías, las actuaciones se dirigieron hacia el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Gobierno y gestionado por la SEPI.