El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, afronta este martes uno de los interrogatorios más relevantes de la causa que también salpica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado tomará declaración al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, considerado por la investigación una figura clave en la supuesta trama y propietario de la mercantil Análisis Relevante, después de que éste haya presentado un escrito en el que anuncia su voluntad de colaborar con la Justicia y aporte una versión que sitúa a Zapatero como máximo responsable del entramado investigado.

En el documento remitido al juzgado, y adelantado por El Debate, Martínez sostiene que el expresidente socialista dirigía la estrategia de una presunta organización creada para obtener beneficios económicos mediante la intermediación en rescates financiados con dinero público. Según su relato, Zapatero habría percibido de forma fraccionada las comisiones derivadas de estas operaciones, que, de acuerdo con la versión del empresario, equivalían al 1% de las ayudas públicas concedidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El escrito, de seis páginas, recoge además que la empresa Análisis Relevante fue constituida a propuesta de Javier de Paz, estrecho colaborador de Zapatero y actual presidente de Movistar+, con el objetivo de canalizar los pagos que recibiría el expresidente por su intervención en la obtención de ayudas para distintas compañías con dificultades financieras. Martínez asegura que actuaba únicamente como intermediario entre los clientes y Zapatero, a quien atribuye la dirección efectiva de todas las gestiones.

Entre las empresas que, según esta versión, recurrieron a ese supuesto sistema figuró Plus Ultra. Martínez explica que tuvo conocimiento de la situación de la aerolínea en mayo de 2020, cuando el propio Zapatero le adelantó que recibiría una llamada de sus responsables. Días después fue contactado por Julio Martínez Sola, propietario de la compañía, y por el entonces consejero delegado, Roberto Roselli, quienes le expusieron las dificultades económicas que atravesaba la empresa y la necesidad de encontrar financiación con urgencia.

De acuerdo con el relato incorporado al procedimiento, Zapatero fue quien marcó desde el principio la hoja de ruta. Inicialmente, habría recomendado a los directivos de Plus Ultra acudir al Banco Santander para solicitar un crédito avalado por el ICO y explorar también la posibilidad de obtener respaldo financiero de La Caixa. Sin embargo, ninguna de esas alternativas prosperó y, tras la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, las gestiones pasaron a centrarse en conseguir un rescate con cargo a dicho mecanismo.

A finales de julio de 2020, Plus Ultra suscribió un contrato con Análisis Relevante por el que la consultora percibiría 5.000 euros mensuales más IVA. Según Martínez, su función consistía en acompañar a la compañía durante la tramitación del expediente, mientras mantenía informado en todo momento a Zapatero sobre la evolución del proceso. Incluso asegura que fue el expresidente quien le comunicó el 26 de febrero de 2021 que la SEPI aprobaría finalmente la ayuda solicitada, información que trasladó inmediatamente a los principales accionistas de la aerolínea, Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes. El teléfono móvil de este último, analizado por los servicios de inteligencia estadounidenses y posteriormente remitido a las autoridades españolas, figura entre los elementos probatorios incorporados a la investigación.

El rescate de Plus Ultra fue aprobado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas el 2 de marzo de 2021 y recibió el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros una semana después, el 9 de marzo. La investigación judicial trata ahora de determinar si aquella inyección de fondos públicos fue consecuencia de una presunta red de tráfico de influencias encabezada por Zapatero para favorecer a determinadas empresas a cambio de contraprestaciones económicas, una hipótesis que, de acreditarse, podría extender la investigación a otros responsables políticos implicados en la concesión de aquellas ayudas.