La investigación sobre Plus Ultra no gira sólo en torno al rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea. Según la información incorporada a la causa, las fiscalías de Francia y Suiza reactivaron las pesquisas siguiendo la pista de un presunto blanqueo de capitales procedente de Venezuela, vinculado a operaciones con oro, petróleo y también a fondos relacionados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa alimentario creado por el régimen de Nicolás Maduro bajo el argumento de «combatir la pobreza».

Esa pista aparece en la causa en la que la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. La investigación sitúa a los CLAP dentro del rastro de dinero venezolano que habría circulado a través de sociedades en Francia, Suiza y España hasta llegar a Plus Ultra.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea actuó como «beneficiaria» de préstamos procedentes de sociedades que formarían parte de una red dedicada al blanqueo de capitales de alto valor procedentes de Venezuela. En ese esquema aparecen operaciones relacionadas con petróleo, oro y los CLAP, uno de los principales mecanismos de reparto de alimentos subsidiados del chavismo.

La conexión con los CLAP se entiende por los nombres que aparecen alrededor de la operación de Plus Ultra. Entre los nexos señalados figuran los empresarios venezolanos Camilo Ibrahim Issa y Rodolfo Reyes, vinculados a la aerolínea y señalados en Venezuela por presuntas irregularidades relacionadas con ese sistema de distribución de alimentos. Ibrahim impulsó financieramente Plus Ultra desde 2017 y mantuvo una relación estrecha con Zapatero, quien, según la información publicada, le facilitó contactos en la embajada española en Caracas. Reyes, socio de Ibrahim, controló la compañía hasta finales de 2025.

Los CLAP fueron creados en 2016 por el chavismo como un sistema de distribución de alimentos básicos importados. El régimen los presentó como una red de asistencia para los sectores más vulnerables, pero el programa quedó rodeado de denuncias por corrupción, utilización política, sobreprecios y falta de control en la compra y distribución de víveres.

Los comités repartían alimentos casa por casa y permitían al chavismo construir un mecanismo de control sobre la población: comida a cambio de lealtad y hambre como castigo para quienes quedaban fuera del circuito del régimen. La investigación sobre Plus Ultra mira ahora hacia ese universo: no sólo hacia negocios opacos de petróleo u oro, sino también hacia el dinero de un programa que debía alimentar a los más pobres.

Ahí entra Alex Saab. El empresario colombiano, considerado durante años uno de los grandes operadores financieros de Maduro, fue entregado esta semana a Estados Unidos para responder ante la Justicia norteamericana. Su nombre está ligado precisamente al negocio de los CLAP, el sistema de importación y distribución de alimentos que el chavismo presentó como ayuda social.

Estados Unidos sancionó a Saab en 2019 por su papel en una red de corrupción vinculada al programa CLAP y por su relación con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al Gobierno de Maduro alimentos y víveres destinados a esos comités. Washington sostuvo que el entramado se lucró con contratos inflados y productos de baja calidad para venezolanos pobres.

La derivada venezolana eleva así la gravedad política del caso. La causa en la que está imputado Zapatero no se limita al rescate de Plus Ultra ni a la situación financiera de una aerolínea favorecida con dinero público. El rastro que empujan Francia y Suiza introduce una pregunta mucho más incómoda: si alrededor de la compañía circularon fondos procedentes de estructuras chavistas vinculadas al oro, al petróleo y a los CLAP, el programa con el que el régimen dijo combatir el hambre mientras su entorno hacía negocio con la comida de los pobres.