El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afronta un nuevo frente judicial tras la tasación de las joyas, relojes y pulseras intervenidas en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz, en Madrid. El informe encargado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha valorado las 103 piezas en 1,3 millones de euros, una cifra muy superior a la horquilla de entre 30.000 y 50.000 euros que había trasladado públicamente su entorno.

La pericial ha sido realizada por la joyería Ansorena, fundada en 1845, con apoyo del Instituto Gemológico Español. Su dictamen abre ahora una derivada tributaria de enorme alcance para el expresidente socialista, ya imputado en el marco del caso Plus Ultra por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo.

Según los expertos tributarios consultados por OKDIARIO, si ese patrimonio no fue declarado y se aplica el tipo marginal del IRPF del 47%, la cuota que habría dejado de ingresarse ante Hacienda rondaría los 600.000 euros. Esa cifra se sitúa en el umbral del subtipo agravado del delito contra la Hacienda Pública previsto en el artículo 305 bis del Código Penal.

Dicho precepto castiga con penas de dos a seis años de prisión y multa del doble al séxtuplo de la cantidad defraudada cuando la cuota supera los 600.000 euros, cuando la defraudación se produce en el seno de una organización o grupo criminal, o cuando se usan estructuras interpuestas para ocultar al obligado tributario o el patrimonio investigado.

La vía de regularización que apuntan los fiscalistas pasaría por presentar una declaración complementaria del IRPF como incremento de patrimonio no justificado. Esa opción, según las mismas fuentes, exigiría abonar de forma urgente la cuota correspondiente, a la que habría que sumar un recargo y los intereses de demora.

El margen temporal, en cualquier caso, sería limitado. Los expertos advierten de que, si Hacienda abre una inspección y Zapatero queda formalmente notificado, la complementaria podría dejar de servir como mecanismo de regularización para neutralizar el eventual reproche penal.

Otra línea de defensa sería alegar que las piezas están prescritas porque llevan más de cinco años en poder del expresidente. Sin embargo, esa tesis obligaría a acreditar con documentos el origen y la antigüedad de las joyas, algo que los juristas consultados consideran difícil si no existe una trazabilidad clara.

También se baraja la posibilidad de que parte de las piezas proceda de donaciones. En ese caso, el problema se desplazaría al impuesto correspondiente ante la Comunidad de Madrid y exigiría identificar al donante. Esa hipótesis presenta otro obstáculo político y judicial: el origen real de los regalos y la posible vinculación con viajes o relaciones internacionales mantenidas por el expresidente.

La investigación añade además una cuestión institucional. Si alguna de las joyas fue recibida durante su etapa al frente del Gobierno, entre 2004 y 2011, los investigadores deberán aclarar si debió incorporarse al régimen patrimonial aplicable a los altos cargos o entregarse a Patrimonio Nacional.

El entorno de Zapatero ha defendido hasta ahora que las joyas proceden de herencias familiares de su esposa, Sonsoles Espinosa, y de regalos de viajes. Fue su secretaria, Gertrudis Alcázar, presente durante el registro del 19 de mayo, quien señaló ante los agentes la existencia de la caja fuerte y atribuyó parte de las piezas a ese origen familiar.

El salto entre la explicación inicial y la tasación judicial ha debilitado esa versión pública. El portavoz del expresidente, Luis Arroyo, llegó a pedir disculpas por haber «inducido a error» tras conocerse que el valor de las piezas no se movía entre 30.000 y 50.000 euros, sino que ascendía a 1,3 millones.

El frente patrimonial no es el único. El juez Calama ya ha ordenado el bloqueo de hasta 490.780 euros en cuentas vinculadas a Zapatero, una cantidad que los investigadores relacionan con fondos recibidos de la sociedad Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez Martínez.

El bloqueo se enmarca en la investigación de la presunta trama vinculada al rescate de Plus Ultra, aerolínea que recibió 53 millones de euros durante la pandemia. La Audiencia Nacional investiga si el expresidente socialista ejerció una influencia decisiva en favor de esa compañía y si determinados pagos fueron canalizados mediante sociedades del entramado.

La causa afecta también a empresas vinculadas al entorno familiar de Zapatero, entre ellas Whathefav, la agencia de comunicación de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Los investigadores analizan los cobros recibidos por varias mercantiles y la posible existencia de estructuras sin actividad real.

El caso coloca a Zapatero ante una doble presión: la penal, por la investigación de tráfico de influencias y blanqueo, y la fiscal, por el origen y la declaración de un patrimonio en joyas tasado en 1,3 millones de euros. La clave ya no está sólo en el valor de las piezas incautadas, sino en quién las entregó, cuándo lo hizo y si fueron declaradas ante Hacienda.