El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin solicitar una comparecencia voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional que le investiga por el origen de un lote de joyas tasado en 1,3 millones de euros, pese a que anunció el pasado 17 de junio que lo haría «en una semana o diez días». Casi 20 días después de ese compromiso, la defensa del exdirigente socialista aún no ha pedido al magistrado José Luis Calama una nueva declaración para responder sobre unas alhajas cuyo origen el instructor considera, por el momento, «desconocido».

La causa se encuentra en un momento clave. Zapatero permanece imputado en una pieza separada por presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando relacionados con las joyas halladas durante el registro de su despacho de la calle Ferraz. Paralelamente, continúa abierta la investigación principal sobre el presunto tráfico de influencias en favor de Plus Ultra y el supuesto cobro de comisiones a través de un entramado empresarial que, según la instrucción, controlaba el empresario Julio Martínez Martínez.

La Agencia Tributaria ha decidido además personarse como perjudicada en la pieza separada después de que el juez le ofreciera esa posibilidad, al apreciar indicios de un posible fraude tributario.

Una tasación muy superior a la comunicada por su entorno

La imputación de Zapatero trascendió el 19 de mayo, el mismo día en que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron su despacho. En el interior de una caja fuerte localizaron una colección de brillantes, pulseras, gargantillas y otras joyas que fueron remitidas a la joyería Ansorena para su tasación.

El establecimiento fijó el valor del conjunto en 1.323.915 euros, una cifra muy superior a la estimación inicial realizada por el portavoz del expresidente, Luis Arroyo, que había situado el valor del ajuar entre 30.000 y 50.000 euros.

A raíz de esa valoración, el juez Calama acordó el pasado 12 de junio ampliar la investigación e imputar a Zapatero dos nuevos delitos. En su auto sostuvo que el origen del patrimonio no aparece «justificado» y señaló que la ausencia de trazabilidad fiscal de esos bienes de lujo constituye «un indicio objetivo y racional» de una posible defraudación tributaria.

El magistrado considera que el expresidente podría haberse beneficiado de una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF y calcula que, aplicando un tipo marginal próximo al 46%, la cuota presuntamente defraudada supera ampliamente el umbral de 120.000 euros exigido para que los hechos puedan constituir un delito fiscal.

Asimismo, el instructor le atribuye un presunto delito de contrabando al considerar que las joyas «pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles».

El auto que incorporó esos nuevos delitos fue dictado apenas cinco días antes de la declaración como investigado que Zapatero tenía fijada en la Audiencia Nacional.

Su abogado, Víctor Moreno, solicitó aplazar únicamente la parte relativa a las joyas. Ante la negativa del juez, el expresidente optó por acogerse a su derecho a no declarar cuando fue preguntado por el origen del ajuar.

Durante esa comparecencia explicó que necesitaba tiempo para reunir la documentación necesaria y aseguró que solicitaría una declaración voluntaria «en una semana o diez días». Ese trámite, sin embargo, no se ha producido cuando ya han transcurrido cerca de 20 días desde aquel anuncio.

El siguiente hito de la investigación llegará el 21 de julio, cuando está citado a declarar Julio Martínez Martínez, empresario al que la investigación sitúa como una figura central de la presunta trama.

Según la UDEF, Martínez Martínez habría sido el encargado de ejecutar las directrices de Zapatero y de gestionar las supuestas comisiones millonarias que el expresidente habría percibido mediante una red de sociedades pantalla denominada internamente «finance boutique».

La investigación también le sitúa como el enlace entre Zapatero y los directivos de Plus Ultra, que, según la instrucción, habrían abonado esas presuntas mordidas a cambio de que el expresidente utilizara su influencia para favorecer el rescate de 53 millones de euros aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con autorización del Consejo de Ministros.

Su declaración adquiere especial relevancia porque podría confirmar o desmentir la versión ofrecida por Zapatero respecto a los pagos recibidos de empresas vinculadas al empresario.

La mercantil Análisis Relevante abonó 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 euros a Whathefav SL, la empresa de marketing de sus hijas.

Ante el juez, Zapatero sostuvo que esos ingresos correspondían a trabajos de asesoría e informes profesionales y aseguró que los encargos se pactaban verbalmente y se liquidaban al final de cada ejercicio, sin contratos escritos. La UDEF, por el contrario, considera que Análisis Relevante constituía el instrumento utilizado para canalizar las supuestas comisiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

La comparecencia de Julio Martínez podría convertirse así en uno de los momentos más relevantes de la instrucción al confrontar directamente ambas versiones.