
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recurrió en 2021 a José Ramón Navarro, entonces presidente de la Audiencia Nacional, para averiguar si estaba siendo investigado por la Justicia española por sus vínculos económicos con el régimen chavista. Así lo ha revelado The Objective, que ha constatado la llamada telefónica de Navarro a un juez de la Audiencia Nacional para interesarse por una causa secreta en la que podría haber aparecido el nombre de Zapatero.
La conversación tuvo lugar en octubre de 2021 y pone de manifiesto la estrecha amistad entre el expresidente socialista y Navarro, cultivada durante años en encuentros privados. Esa cercanía se extendía también al entonces ministro José Luis Ábalos, con quien Navarro tenía previsto viajar en el vuelo inaugural de la ruta Madrid-Tiflis de Air Europa, un viaje que incluyó a más de 300 invitados, entre ellos la esposa de Pedro Sánchez.
Días antes de la llamada, el 20 de septiembre, Hugo “El Pollo” Carvajal —exjefe de la inteligencia venezolana— había declarado ante la Audiencia Nacional sobre un supuesto entramado financiero que, según su versión, habría beneficiado a Zapatero. Carvajal afirmó que el expresidente español recibió participaciones en empresas venezolanas como pago por su apoyo internacional al régimen de Nicolás Maduro, lo que le habría reportado beneficios millonarios gestionados a través de testaferros.
La declaración de Carvajal levantó inquietud en Zapatero, quien pidió a Navarro que intercediera ante el juez para aclarar si su nombre figuraba en la causa. «Estoy ahora mismo con Zapatero y está muy preocupado por lo que pueda estar investigándose«, transmitió Navarro al magistrado. La respuesta fue tajante: la causa era secreta, y si el expresidente tenía interés, debía personarse formalmente cuando se levantara el secreto. El juez, según un testigo, se mostró visiblemente molesto y se negó a dar más información.
Las sospechas sobre Zapatero surgieron en el marco del conocido como caso Morodo, centrado en el enriquecimiento ilícito del exembajador en Venezuela Raúl Morodo durante los gobiernos socialistas. Carvajal intentó negociar con los investigadores la entrega de documentación que acreditara su relato a cambio de asilo en España, que le habría librado de la extradición a Estados Unidos por narcotráfico y tráfico de armas. El Gobierno de Sánchez rechazó esa solicitud, Carvajal fue extraditado y las supuestas pruebas nunca aparecieron. La causa que podría haber implicado a Zapatero quedó archivada bajo secreto.
El caso Morodo, por su parte, acabó con penas simbólicas pactadas con la Fiscalía: diez meses de prisión para Raúl Morodo y dos años para su hijo Alejo. Otro posible hilo de la investigación se truncó con la misteriosa muerte de Juan Carlos Márquez, directivo de una filial de PDVSA, quien había prometido colaborar con la justicia española y «contarlo todo» sobre la financiación irregular de políticos. Menos de 24 horas después, apareció muerto. Las autoridades lo calificaron como suicidio y el juez Santiago Pedraz cerró la causa sin profundizar.
Las revelaciones de The Objective confirman la inquietud de Zapatero ante las investigaciones y la utilización de su amistad con el máximo responsable de la Audiencia Nacional para tratar de conocer detalles de una causa secreta.