El médico que realizó el trasplante de médula en su día al expresident especifica que «un retraso de horas en su diagnóstico y tratamiento adecuado comprometería seriamente su vida».
El exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha cumplido seis meses en prisión incondicional y sin fianza por el caso Erial, aún bajo secreto de sumario, sin que la juez que instruye el caso haya admitido las numerosas peticiones de familias y defensa de libertad bajo fianza por el riesgo para su salud que supone seguir encarcelado, según diversos informes médicos.
Zaplana, acusado de delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, acude cada quince días al Hospital La Fe de València para someterse a distintas pruebas médicas y recibir tratamiento por la leucemia que padece desde 2015, cuando se sometió a un trasplante de médula.
El último examen médico -por parte de forenses del Instituto de Medicina Legal- fue autorizado por la Audiencia Provincial a petición de la defensa de Zaplana, que argumenta que, mientras permanece en prisión, corre el riesgo de sufrir una infección grave con riesgo vital, pero las conclusiones del informe iban en el sentido contrario, asegurando que no hay riesgo vital para el exministro por estar en prisión.
Los abogados han presentado ya cuatro recursos -todos ellos rechazados- para pedir su puesta en libertad o el arresto domiciliario alegando un «deterioro acusado» del estado de salud del exministro.
Sin conocimiento de la instrucción
Fuentes de la defensa del exministro lamentan, en declaraciones a EFE, el desconocimiento que tienen del estado actual de la instrucción, si esta avanza o no, así como si hay requerimientos u otras medidas, y admiten que no se les notifica más allá de las prórrogas del secreto del sumario (la última hace cinco días), de las que se suprime cualquier fundamentación por parte de la jueza.
Otros letrados personados en la causa coinciden en señalar el hermetismo reinante, y apuntan a la posibilidad de que el secreto del sumario no se levante hasta que se resuelvan varias comisiones rogatorias (peticiones de apoyo judicial entre estados para obtener pruebas en el extranjero) que la jueza instructora podría haber tramitado.
Desde su internamiento en Picassent, los letrados de Zaplana han aportado el informe del doctor Guillermo García-Manero, que desde Houston (EE.UU.) hace un seguimiento de la analítica y evolución del paciente, y también los informes forenses realizados hasta ahora.
La defensa alega no solo razones humanitarias sino también legales, citando el artículo 508 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, «que no recoge exclusivamente supuestos de riesgo vital, sino también de empeoramiento grave de la salud por razón de la prisión, supuestos en los que la ley acuerda la procedencia del arresto domiciliario».
En el tercer informe médico, elaborado por Guillermo Sanz, jefe de Sección de Hematología Clínica y de la Unidad de Trasplante Hematopoyético de La Fe, se advertía del «deterioro acusado del estado general» del paciente y señalaba que «la probabilidad de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos tres meses es cercana al 100 %».
El médico que realizó el trasplante de médula en su día al expresident especificaba que «un retraso de horas en su diagnóstico y tratamiento adecuado comprometería seriamente su vida» y añadía que, «al parecer, las actualizaciones de tratamiento no se efectúan de forma inmediata debido a las carencias de personal facultativo del centro».
En septiembre, su familia aseguró que Zaplana había perdido ya ocho kilos en catorce semanas y estaba «muy mal» tanto física como anímicamente e insistió en que presentaría todos los recursos necesarios para que sea excarcelado.
Zaplana ingresó en Picassent después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València decretara prisión incondicional y sin fianza contra él por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
Dos días antes había sido detenido en su casa de València, en el marco de una causa que investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las ITV, realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
El mismo día de su detención, Zaplana, de 62 años, fue suspendido de militancia en el PP mientras Telefónica, para la que trabajaba desde 2008 en su área de Asuntos Públicos, suspendió también su relación laboral con él. Además de Zaplana, cumplen también seis meses en prisión provisional el abogado y asesor fiscal Francisco Grau y el exdirectivo del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló.
En la causa figuran como investigados el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.
El caso de quien fuera portavoz del PP en el Congreso ha generado reacciones de solidaridad desde distintos ámbitos políticos, desde el expresidente del Gobierno José María Aznar hasta la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (de Compromís), y el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manolo Mata.
