El grupo parlamentario VOX en la Asamblea de Madrid presentó este viernes cinco propuestas de resolución en el debate sobre el Estado de la Región, una sesión en la que se reivindicó como alternativa frente al bipartidismo. En la primera insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a hacer frente a la inmigración ilegal repatriando a los menores extranjeros no acompañados (menas) a sus lugares de procedencia; se detenga la apertura de nuevos y se proceda al cierre de los actuales centros de acogida; y solicitar la realización de pruebas periciales para determinar la edad real de los presuntos menores.
La segunda insta a que, en el marco de sus competencias, establezca la prioridad nacional en el acceso a todos los servicios y ayudas públicas; excluya de cualquier servicio, ayuda o prestación pública a quien carezca de residencia legal en España al objeto de combatir el efecto llamada y restrinja su acceso a los servicios sanitarios no urgentes; reduzca los
tiempos de espera en atención primaria por debajo de las 48 horas y garantice un Centro de Salud en cada Zona Básica de Salud.
También llama a implementar un drástico recorte del gasto político reduciendo la estructura superflua del Gobierno, eliminando las subvenciones a sindicatos, patronal, ONG, cooperación internacional y la publicidad institucional en medios de comunicación; y destinar ese ahorro a bajar el tramo autonómico del IRPF y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, bonificar al 99% todo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, subvencionar el gasto corriente en el tratamiento de los residuos urbanos para bajar la tasa de basuras y revertir las dos subidas de las tarifas del
Canal de Isabel II.
VOX aboga por liberar el suelo disponible en la región; facilitar el acceso a la propiedad a los madrileños reduciendo drásticamente todos los impuestos autonómicos; hacerse cargo de los gastos incurridos por los propietarios víctimas de ocupación y aplicarles deducciones fiscales; garantizar que los condenados por delitos de usurpación de vivienda (okupas) no puedan acceder a ninguna ayuda pública autonómica, etc.
La quinta pide realizar evaluaciones anuales, independientes, objetivas y públicas de todos los centros educativos; a modificar las órdenes en materia de jornada escolar para extender la jornada partida con carácter obligatorio a todos los centros sostenidos con fondos públicos durante la enseñanza obligatoria, bonificando a las familias en el uso de comedor, transporte escolar y actividades extraescolares; garantizar que los padres tengan conocimiento de todo contenido extracurricular impartido; y acabar con el adoctrinamiento en las aulas.
