El entonces vicepresidente Joe Biden pidió en 2015 a la CIA que no difundiera un informe de inteligencia en el que funcionarios ucranianos expresaban su preocupación por los negocios «corruptos» de su familia en el país, según documentos recientemente desclasificados por el director de la agencia, John Ratcliffe.

El informe, al que tuvo acceso Fox News Digital, revela que Biden «expresó una fuerte preferencia por no compartir» la información, y que la solicitud fue aceptada por la CIA. Los registros forman parte de una revisión interna de archivos históricos del organismo.

De acuerdo con la documentación, altos cargos del Gobierno ucraniano bajo el mandato de Petro Poroshenko consideraban los lazos empresariales de la familia Biden como una muestra de «doble rasero» del Gobierno estadounidense frente a la corrupción. La referencia apunta a las actividades de Hunter Biden en Burisma Holdings, la empresa energética ucraniana en la que ocupó un puesto bien remunerado mientras su padre dirigía la política de Washington hacia Kiev.

El correo electrónico desclasificado —fechado el 10 de febrero de 2016— recoge la instrucción del entorno del vicepresidente: «El vicepresidente prefiere firmemente que el informe no se difunda«. La comunicación estaba inicialmente clasificada como secreta y fue posteriormente archivada.

Según Ratcliffe, este caso representa «un ejemplo de politización de la inteligencia», ya que el documento cumplía con los criterios para su distribución dentro del Gobierno, pero fue retenido «por razones políticas». El director de la CIA calificó la decisión de «inusual y contraria a los procedimientos habituales».

El informe recogía que los funcionarios ucranianos se sintieron «desconcertados y decepcionados» tras la visita de Biden a Kiev en diciembre de 2015, y que percibieron su viaje como «una maniobra pública sin contenido sustantivo». Pocos meses después, Biden presionó al Gobierno de Poroshenko para que destituyera al fiscal general Víktor Shokin, quien investigaba a Burisma.

El propio Biden reconoció en 2018 que amenazó con retener mil millones de dólares en ayudas estadounidenses si el fiscal no era cesado, un episodio que ha sido objeto de múltiples investigaciones en el Congreso.

La revelación se suma al proceso de investigación parlamentaria sobre presunto abuso de poder y enriquecimiento familiar durante la vicepresidencia de Biden, abierto por la Cámara de Representantes.