La elección de la influencer trans Dylan Mulvaney como nueva imagen de la ropa femenina de la marca Nike ha desatado la polémica en Estados Unidos.
La respuesta al interrogante de por qué marcas de reconocido prestigio eligen perfiles «marginales» para promocionar sus productos va más allá de la sintonía entre la firma y la modelo –en este caso un hombre biológico para anunciar un sujetador de mujer–. Detrás de la aplicación de las políticas woke en grandes corporaciones de EE.UU se encuentra Human Rights Campain (HRC), una organización financiada por la Open Society Foundation de George Soros, y su malévola calificación CEI.
CEI, en español Índice de Igualdad Corporativa, es una calificación que las compañías reciben de HRC, el grupo de cabildeo político LGBTQ+ más grande del mundo.
La organización, que define a los CEI como «una hoja de ruta y una herramienta de evaluación comparativa para las empresas estadounidenses en el campo en evolución de la igualdad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer en el lugar de trabajo», otorga a las corporaciones más grandes del país una «nota» de acuerdo a lo «inclusivas» y/o «diversas» que sean. Con este mecanismo, HRC añade o resta puntos a las empresas según el grado en que estas se adhieran a sus «criterios de calificación«.
Así, el grupo enumera cinco criterios principales, todos ellos basados en la inclusión y promoción del colectivo LGTB, como la utilización de «códigos de vestimenta neutrales» o la aplicación de «políticas inclusivas para personas transgénero en los baños», entre otros.
Uno de esos criterios, denominado Responsabilidad social corporativa, promueve el «marketing y la publicidad para consumidores LGTBQ», el punto con el que Nike, y otras marcas, habrían ganado puntos al elegir a Mulvaney como imagen.
Por otro lado, las empresas también pueden perder puntos si cumplen con algún criterio considerado «negativo». Así sucede con el referido a «responsabilidad ciudadana» que regula que se quitarán puntos a las empresas que «destinen dinero a organizaciones que vayan contra la igualdad LGTBQ».
Las empresas que alcanzan el máximo de 100 puntos en total obtienen el título de «Mejor lugar para trabajar por la igualdad LGBTQ«.
Mediante el CEI, estas empresas están optando por perfiles «marginales» porque, si no lo hacen, corren el riesgo de perder puntos en su calificación como empresas inclusivas, diversas e «igualitarias», y esto podría afectar al desarrollo de sus negocios.
El HRC, ¿una forma de extorsión?
El HRC, que se fundó en 1980 y comenzó con las calificaciones CEI en 2002, está dirigido desde 2022 por Kelley Robinson, conocida anteriormente por su trabajo en la campaña presidencial del expresidente Barack Obama en 2008.
Su compañía se preocupa en estar presente en la mayoría de empresas del país; para ello, envía anualmente representantes a las corporaciones que les informan de los criterios a seguir, les dan una lista de demandas y, si no las cumplen, les advierten de la posibilidad de que no mantengan su puntuación.
Esta técnica funciona: en 2021 más de 840 empresas de EE.UU recibieron una puntuación alta, según el último informe de HRC.
Para el podcaster político James Lindsay esta forma de actuación de HRC funciona como «una forma de extorsión» para las empresas, según declaró al New York Post, que ha detallado en un reciente artículo cómo funciona el CEI a raíz del caso de Mulvaney.
El CEI, una parte de los criterios ESG
Las calificaciones CEI forman parte del movimiento de «inversión ética» ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), impulsado por las tres principales firmas de inversión del país: BlackRock, Vanguard y State Street Bank.
Los fondos ESG invierten en empresas que se oponen a los combustibles fósiles, impulsan la sindicalización y hacen hincapié en la equidad racial y de género por encima del mérito en la contratación y selección de directivos.
«Como resultado, algunos directores ejecutivos estadounidenses están más preocupados por complacer a estos tres fondos, que se encuentran entre los principales accionistas de la mayoría de las corporaciones estadounidenses que cotizan en bolsa, que en irritar a conservadores», asegura el New York Post.
«Todos los grandes administradores de fondos como BlackRock adoptan esta ortodoxia ESG en la forma en que aplican presión a los principales equipos de Administración Corporativa y Juntas y determinan, en muchos casos, la compensación ejecutiva y las bonificaciones y quién es elegido o reelegido«, asegura al New York Post el empresario y candidato a la presidencia de EE.UU. por el Partido Republicano Vivek Ramaswamy y autor de Woke, Inc.: dentro de la estafa de justicia social de las corporaciones estadounidenses. «Pueden ponértelo muy difícil si no cumples con sus agendas», añade.
En 2018, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, que supervisa activos por valor de 8,6 billones de dólares escribió una carta dirigida a los directores ejecutivos titulada «Un sentido de propósito» en la que animaba a las empresas, tanto públicas como privadas, a que tuviesen un «propósito social» y en la que advertía que «si una empresa no se relaciona con la comunidad y no tiene un sentido de propósito» podría perder la licencia para operar.
Los fondos ESG han provocado la reacción de financieros que creen que esta estrategia busca anteponer la sostenibilidad a la rentabilidad. Derek Kreifels, cofundador y director ejecutivo de State Financial Officers Foundation, uno de los principales grupos que luchan contra los ESG a nivel nacional, aseguró al Post que el Índice de Igualdad Corporativa «es un engranaje siniestro en la rueda de ESG».
«El problema con medidas como el CEI y su hermano mayor ESG es que introduce una estructura de incentivos fuera de los límites de los negocios, a menudo de manera contradictoria con el deber fiduciario», dijo Kreifels.
En diciembre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, uno de los principales bastiones antiwoke en EE.UU. también decidió actuar contra estos fondos y retiró 2.000 millones de dólares de diversos ESG que maneja BlackRock. «Creo que es antidemocrático que los principales administradores de activos usen su poder para influir en los resultados sociales», dijo entonces.
Por su parte, el Partido Republicano también intentó bloquear la inversión ESG en un proyecto que fue rechazado por el presidente Joe Biden. Según los republicanos, los ESG también pueden afectar a los fondos de pensiones en favor de una agenda radical de izquierda.
En Francia, BlackRock también ha sido señalada por su papel en la gestión y privatización de las pensiones: el pasado 8 de abril los manifestantes contrarios a la reforma de Macron asaltaron su sede en París.
