Una estadounidense de 43 años habría ganado millones de dólares organizando cientos de matrimonios fraudulentos entre ciudadanas del país e inmigrantes que buscaban obtener la residencia permanente en Estados Unidos. La Fiscalía federal acusa a Jennifer Gonzalez, residente en Fall River, Massachusetts, de dirigir una red que habría operado durante aproximadamente doce años y que cobraba entre 38.000 y 40.000 dólares por cada enlace, según Daily Mail.

Según la documentación judicial, la organización habría concertado una media de entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año. Gonzalez habría contado con la colaboración de otras cinco mujeres, que presuntamente aceptaban casarse con extranjeros a cambio de dinero para facilitarles el acceso a la residencia permanente en Estados Unidos.

Las seis acusadas son Jennifer Gonzalez, de 43 años; Amara Pugh, de 31; Erica Daniels, de 29; Cherice Alejandro, de 39; Jessica Tavares, de 31, y Jalyn Hill, de 26. Se enfrentan a cargos relacionados con el fraude matrimonial, la conspiración para cometer este delito y el encubrimiento de inmigrantes en situación irregular, según las autoridades federales.

La investigación sostiene que Gonzalez era la principal responsable de la trama y que Pugh desempeñaba funciones administrativas, como una especie de secretaria. La cabecilla habría pagado a las demás participantes para que contrajeran uno o varios matrimonios simulados con extranjeros interesados en regularizar su situación migratoria.

Para tratar de evitar que las autoridades detectaran el engaño, Gonzalez supuestamente instruía a las parejas para que se hicieran fotografías juntas, abrieran cuentas bancarias compartidas y contrataran pólizas de seguro de vida. Estas medidas pretendían aportar pruebas de una relación conyugal auténtica ante los organismos encargados de tramitar los permisos de residencia.

La red habría cobrado hasta 40.000 dólares por enlace, además de establecer pagos periódicos de 500 dólares a las esposas ficticias para mantener la apariencia de que los matrimonios seguían vigentes.

La declaración jurada recoge conversaciones entre Gonzalez y un testigo que colaboraba con los investigadores federales. Durante un contacto organizado en junio, la mujer habría explicado que llevaba más de diez años dedicándose a esta actividad y que necesitaba entre tres y cuatro meses para preparar la documentación.

«No estamos aquí por amor», habría respondido cuando el testigo le preguntó qué sucedería si la supuesta esposa acababa enamorándose de él. También habría advertido de que los trámites debían realizarse con cuidado para evitar indicios incriminatorios.

La documentación incluye referencias a matrimonios anteriores de algunas de las acusadas con ciudadanos brasileños que carecían de estatus legal en Estados Unidos. En el caso de Alejandro, los investigadores de inmigración habrían determinado que dos enlaces previos fueron fraudulentos.

La investigación también recoge supuestas conversaciones en las que Gonzalez explicaba que había reducido o abandonado esta actividad cuando su marido enfermó y después de la llegada de Donald Trump a la presidencia. Según el relato de los fiscales, la acusada consideraba que las nuevas políticas migratorias dificultaban la continuidad del negocio.

La fiscal federal de Massachusetts, Leah Foley, sostuvo que Gonzalez se habría enriquecido aprovechándose de quienes buscaban acceder al sueño americano, mientras invertía parte del dinero en la República Dominicana. La acusación añade que también habría recibido más de 124.000 dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria entre 2019 y 2026 de manera presuntamente fraudulenta.

Gonzalez, Pugh, Daniels, Alejandro y Tavares fueron arrestadas el miércoles por la mañana, mientras que Hill ya se encontraba en una prisión estatal por un delito relacionado con armas de fuego.