
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé endurecer la presión contra colectivos de izquierda y ha anunciado la posibilidad de catalogar al movimiento Antifa como organización terrorista interna. Según ha explicado, solo avanzará en esa dirección si cuenta con el respaldo del Departamento de Justicia y de los miembros clave de su gabinete.
Durante un encuentro en la Casa Blanca, el mandatario ha insistido en que la violencia política procede en su mayoría de la izquierda radical, restando importancia a episodios en los que militantes o simpatizantes republicanos han sido señalados por conductas violentas. «Ellos son los que provocan graves disturbios, en una escala mucho mayor», ha asegurado.
Trump ha subrayado que estaba manteniendo conversaciones con la fiscal general Pam Bondi para explorar si se pueden formular acusaciones de asociación ilícita bajo la ley RICO, una norma utilizada en casos de crimen organizado. A su juicio, determinados grupos de izquierda estarían financiando y coordinando protestas con tintes violentos. «Lo que hacen es profundamente desestabilizador. Deberían terminar en prisión», ha sostenido.
Stephen Miller, uno de sus asesores más cercanos, ha reforzado ese discurso en la misma comparecencia. Según él, existe una red de colectivos detrás de los disturbios, en la que incluyó protestas vinculadas a Black Lives Matter. Miller ha recalcado que el presidente ha ordenado a la fiscalía determinar quién financia estas movilizaciones y responsabilizar penalmente a los que aportan dinero.
La iniciativa de Trump se produce en un clima cargado tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, lo que la Casa Blanca lo enmarca dentro de una supuesta estrategia de la izquierda para fomentar el caos. «Antifa es terrible. Hay más grupos radicales y no se les está pidiendo cuentas por crímenes tan graves como el asesinato», ha dicho el presidente.
En este contexto, la administración republicana intensifica su narrativa de que la izquierda constituye la principal amenaza para la estabilidad interna del país.