El Gobierno de Donald Trump ha revelado que siete de cada diez inmigrantes ilegales arrestados en 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contaban con antecedentes penales o procesos judiciales abiertos en Estados Unidos, desmontando el relato de que las deportaciones se dirigen contra personas sin historial delictivo.

Los datos han sido difundidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que subraya que el 70% de las detenciones practicadas por el ICE durante el último año afectaron a extranjeros ilegales condenados o acusados por delitos, muchos de ellos de extrema gravedad.

Desde el Ejecutivo estadounidense destacan que la actuación de los agentes federales se ha desarrollado en un contexto de fuerte presión política y mediática, con campañas de descrédito impulsadas por sectores de la izquierda, activistas proinmigración y grandes medios de comunicación, mientras los operativos se centraban en retirar de las calles a delincuentes peligrosos.

Según el DHS, los agentes del ICE han intervenido contra asesinos, violadores, miembros de bandas criminales, narcotraficantes, pedófilos y sujetos vinculados al terrorismo, priorizando la seguridad de las comunidades estadounidenses frente a la inmigración ilegal. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió públicamente la estrategia de la Administración Trump y lanzó un mensaje inequívoco: «Bajo el presidente Trump, los delincuentes no son bienvenidos en Estados Unidos. Si alguien entra ilegalmente y viola nuestras leyes, será localizado, arrestado y deportado».

El departamento ha hecho públicos casos concretos para ilustrar el perfil de los detenidos. Entre ellos figura el de Olvin Rodríguez-Inestroza, inmigrante ilegal hondureño con centenares de cargos por pornografía infantil y delitos sexuales; Diego Barrón-Esquivel, de origen mexicano, con un largo historial de violencia doméstica, robos y agresiones, condenado finalmente a 20 años de prisión tras intentar estrangular a un agente federal; o Alejandro Lima-Ramírez, miembro de la pandilla Florencia 13, con 24 arrestos y 16 condenas por narcotráfico, fraude y delitos con armas.

Desde el DHS insisten en que estas cifras evidencian que las políticas migratorias de Trump no son arbitrarias, sino que responden a una estrategia de seguridad nacional orientada a expulsar del país a quienes han utilizado la inmigración ilegal como vía de acceso al crimen.