El Departamento de Justicia de EEUU revisa ahora la investigación del caso Watergate, más de medio siglo después del escándalo que terminó con la dimisión del presidente Richard Nixon, en un movimiento que coincide con el renovado interés de Donald Trump y sus aliados por el legado del expresidente republicano.

La revisión, todavía preliminar, trata de determinar si los fiscales que participaron en la investigación de Watergate incurrieron en irregularidades durante el proceso. Según personas familiarizadas con el asunto citadas por The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia ha retomado las acusaciones formuladas durante años por Geoff Shepard, un antiguo asesor de Nixon que se ha convertido en uno de los principales defensores de una interpretación revisionista del caso.

Shepard fue invitado recientemente a la sede del Departamento de Justicia para realizar una presentación de dos horas ante la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR), el organismo interno encargado de investigar posibles conductas indebidas de los abogados del Departamento.

Durante la exposición, que constó de 78 diapositivas y llevaba por título «Watergate como guerra jurídica», Shepard defendió la tesis de que el denominado Estado profundo desempeñó un papel determinante en la caída de Nixon. El antiguo asesor presentó documentos internos relacionados con el equipo especial que investigó el escándalo y sostuvo que los fiscales no garantizaron un proceso justo para los acusados.

La revisión no constituye una investigación formal, según ha precisado el propio Departamento de Justicia. Una portavoz de la institución explicó que Shepard fue invitado por su experiencia y conocimiento del caso, pero señaló que la OPR mantiene como objetivo principal garantizar que los abogados del Departamento cumplan los estándares profesionales.

La iniciativa contrasta con la posición adoptada en 2022, durante la Administración de Joe Biden, cuando el Departamento de Justicia rechazó una petición de Shepard para investigar la actuación de los fiscales de Watergate. En aquel momento, la antigüedad de los hechos fue uno de los argumentos utilizados para descartar la solicitud.

Las fuentes citadas por el diario estadounidense señalan que los actuales responsables del Departamento quisieron conocer directamente la versión de Shepard. No obstante, no está claro que la revisión vaya a desembocar en una investigación exhaustiva ni que vaya a establecerse que existió una conducta irregular.

El interés por revisar Watergate se produce además en un contexto de creciente atención entre los republicanos hacia la figura de Nixon y sus enfrentamientos con las instituciones estadounidenses. El paralelismo con Trump ha sido planteado públicamente por miembros de la actual Administración.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, estableció este verano una comparación explícita durante un discurso pronunciado en la Biblioteca Presidencial Nixon, en Yorba Linda (California). Vance sostuvo que las instituciones que participaron en la caída de Nixon son comparables a las que, según su interpretación, actuaron contra Trump durante su primer mandato.

«Si analizamos la historia de cómo el Estado profundo derrocó a Richard Nixon, no es tan diferente de lo que los mismos grupos de personas —las mismas instituciones— intentaron hacerle a Donald Trump durante su primer mandato», afirmó Vance. «Existe un paralelismo».

Watergate comenzó con el allanamiento fallido de 1972 en la sede del Comité Nacional Demócrata situada en el complejo Watergate de Washington. El episodio formaba parte de una trama más amplia que incluyó sabotaje político, escuchas telefónicas y financiación ilegal relacionada con la campaña de reelección de Nixon.

Las investigaciones posteriores destaparon además los esfuerzos de la Casa Blanca por ocultar las actividades. El escándalo desencadenó una profunda crisis política e institucional y culminó con la dimisión de Nixon en agosto de 1974.

La investigación fue dirigida inicialmente por el fiscal especial Archibald Cox. Después de que Nixon ordenara su destitución en octubre de 1973, en el episodio conocido como la «Masacre del Sábado por la Noche», Leon Jaworski asumió la dirección del equipo especial.

Shepard sostiene que tanto Cox como Jaworski vulneraron los derechos al debido proceso de algunos de los acusados. Entre sus principales acusaciones figuran supuestas reuniones secretas de los fiscales con jueces encargados de supervisar los procedimientos y la presunta ocultación de pruebas favorables a la defensa.

Estas afirmaciones chocan con la interpretación predominante entre los historiadores y especialistas en Watergate. La visión académica mayoritaria considera que el escándalo constituyó una grave crisis constitucional y atribuye a Nixon y a miembros de su entorno la responsabilidad por las conductas que desencadenaron la crisis presidencial.

Trump ha preguntado en varias ocasiones a antiguos colaboradores de Nixon por qué el expresidente decidió renunciar en lugar de continuar luchando políticamente. Al mismo tiempo, la actual Administración ha impulsado cambios respecto a algunas de las restricciones introducidas después de Watergate, entre ellas las relacionadas con la autoridad presidencial sobre inspectores generales y funcionarios de carrera.