Cuando todavía el mundo está metabolizando el cruento asesinato de Charlie Kirk y tratando de medir sus consecuencias políticas e históricas; una derivada inesperada cobró protagonismo. Se trata del fenómeno de las innúmeras manifestaciones de jolgorio que surgieron a raíz de su muerte, difundidas públicamente desde las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales. Hablamos aquí de las motivaciones sociológicas de hacer pública una conducta tan inmoral como congratularse públicamente por la muerte violenta de un inocente. Pero este fenómeno tiene otro aspecto y es la condena a estas acciones, sobre todo si esta condena constituye o no un acto de censura.

El comediante Jimmy Kimmel fue uno de los que realizó comentarios (desagradables, provocadores, insensibles, humillantes) respecto de la muerte de Kirk y también acerca de la reacción que este ataque provocó en el espectro conservador. Entre otras palabras desafortunadas, Kimmel dijo: «La pandilla MAGA intenta desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y hace todo lo posible para sacarle partido político«. Luego de esto, su empleador, ABC, suspendió su show, uno de los más antiguos y famosos de la TV norteamericana.

La progresía norteamericana, el mundo del espectáculo y casi todo el Partido Demócrata comenzaron a denunciar «censura» porque, curiosamente, ahora se erigen como defensores de la libertad de expresión. Claro que Kimmel tiene derecho a la libertad de expresión, pero no existe el derecho a tener un programa en ABC. La democracia debe garantizar que todas las ideas circulen, no un espacio específico desde el cual lanzarlas. Y aquí se abre uno de los debates más importantes que el occidente libre debería darse en estos días. Debate del que depende, y esto no es una exageración, el destino de nuestro ordenamiento político y cultural.

Vivimos tiempos de muchos cambios y muy abruptos. Kimmel se convirtió en los últimos años en uno de los sumos sacerdotes del wokismo, brindando desde sus encumbrados púlpitos: la conducción de los Óscar o sus programas en prime time, sus homilías sobre este dogma. Pero en el ciclo postWoke, estas ideas ya no tienen tanto público y no generan ingresos comerciales. El comentario que Kimmel hizo sobre Kirk fue la excusa perfecta para que los ejecutivos de Disney, dueña de ABC, lo echaran. Bajo esta lupa, el despido de Kimmel no sería un caso de censura, más bien un ejercicio de oportunismo marketinero para sacarse de encima el lastre.

Pero no lo vieron así quienes empezaron a decir que era el fin de la Primera Enmienda. Como ejemplo de esta corriente podemos citar a Barack Obama que escribió: «Después de años de quejarse de la cultura de la cancelación, la administración actual la ha llevado a un nuevo y peligroso nivel al amenazar rutinariamente con tomar medidas regulatorias contra las empresas de medios a menos que amordacen o despidan a los periodistas y comentaristas que no le agradan«. Claro que causa indignación ver al Padre Fundador de la Cultura de la Cancelación defender ahora la libertad de expresión, cuando fue su administración la causante de la epidemia de censura y cancelación a escala global. Obama es, para ser elegantes, un hipócrita caradura. Pero tiene un punto.

Con nula inteligencia política, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que la agencia podría sancionar a ABC, dado que los comentarios de Kimmel formaban parte de un «esfuerzo concertado para mentirle al pueblo estadounidense» y que la FCC «tendría soluciones que podríamos considerar». Luego Trump hizo sugerencias impropias de un mandatario respecto de las cadenas cuya cobertura sobre él son abrumadoramente negativas «Están en contra en un 97 por ciento, me dan una publicidad totalmente mala… Quiero decir, están obteniendo una licencia, creo que tal vez se les debería retirar la licencia«, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One.

Pero la más tonta de las declaraciones surgió de la Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, quien usó la narrativa woke para prometer luchar contra el «discurso de odio». Afortunadamente, la reacción más importante contra las tonterías de Bondi provino de los propios votantes de Trump, incluso de figuras prominentes de la esfera MAGA. La fiscal general de Estados Unidos se vio obligada a retractarse de su amenaza de procesar a quienes «ataquen a cualquiera que incite al odio» después de que tanto propios como ajenos señalaran que infringiría la Primera Enmienda tratando de criminalizar el odio. La injerencia de la Administración Trump en el affaire Kimmel fue innecesariamente perjudicial.

Pero esto no comenzó con Kimmel, sino con el progresivo incremento de la injerencia de los gobiernos, de todo el planeta, en la actividad de los medios de comunicación. Una presión que debiera ser delito, y que en cambio se ejerce con descaro en forma de subsidios, permisos y privilegios impositivos o regulatorios a los medios amigos de ocasión. Esta injerencia adquirió tintes pornográficos en la administración Biden durante el bienio covídico, tanto para suprimir información científica contraria a la «oficial», ocultar estadísticas y escándalos;  como para promover plataformas, dogmas y políticos afines. La injerencia gubernamental es hoy una real epidemia que atenta contra la circulación libre de ideas.

Finalmente estamos viendo las consecuencias de que las principales instituciones del ordenamiento democrático hayan dinamitado toda neutralidad, hecho que era el ideal para la formación del pensamiento crítico. Los detractores «MAGA» de Bondi advirtieron que penalizar los discursos de odio sería desproteger la libertad de expresión. Es muy sano que las críticas vengan de ese lado, porque Donald Trump llegó al poder criticando la cultura de la cancelación y prometiendo proteger la libertad de expresión, justamente. Durante su campaña presidencial , Trump arremetió regularmente contra quienes silenciaron a los conservadores en los medios. En su primer día de regreso al cargo, Trump firmó la orden ejecutiva 14149 titulada «Restaurar la libertad de expresión y poner fin a la censura federal», diseñada para revertir la «cultura de la cancelación».

Esto es aún más relevante si se considera que, frente al totalitarismo iliberal que reina entre la mayoría de los mandatarios europeos, Trump y su vice, J.D.Vance, son los únicos que levantan la bandera del Free Speech, subrayando este compromiso en el mismísimo suelo europeo, como hace apenas horas durante la visita de Trump a Gran Bretaña. En el banquete de estado en el Castillo de Windsor, el Presidente de EEUU dijo: «El Imperio Británico sentó las bases de la ley, la libertad, la libertad de expresión y los derechos individuales prácticamente en todos los lugares donde haya ondeado la Union Jack, incluido un lugar llamado Estados Unidos«, en lo que parece haber sido un reto para que sus anfitriones no permitan que se extienda la censura.

Pero volviendo a las declaraciones de Bondi; es necesario exponer que la políticamente seductora y moralmente corrupta idea de castigar «el odio» es un nuevo Caballo de Troya de la islamoizquierda, y lo más aterrador es cómo se lo está apropiando el resto del espectro político. No sólo es una pésima idea, sino que es una idea inútil. Es una idea que ha prendido con potencia en las élites políticas dispuestas a intervenir en las redes sociales en la línea de las pioneras en la materia como China, Brasil, Irán, Venezuela o Corea del Norte.

El «delito de odio» evoluciona como un intento de prevenir la discriminación y defender colectivos vulnerables. Como siempre, ingeniería social pura: una idea ambigua bañada en las sagradas aguas del buenismo que ha modificado progresivamente el concepto de odio a efectos penales y dado lugar a la arbitrariedad. Su identificación como amenaza evolucionó a su aplicación ilimitada y selectiva. Como pasa siempre con las ideas buenistas el verdadero problema es quién las ejecuta y cómo.

El odio es una emoción presente en los seres humanos, prohibirlo por ley es como castigar la humedad ambiente. Odio puede ser cualquier cosa, es fluido. El odio es el recurso perfecto porque genera rechazo inmediato (todos pensamos que odiar es odioso) y al acusar a alguien de odioso le impedimos defenderse porque lo ponemos en la posición de defender el odio, que nosotros previamente definimos.

El delito de odio precede al delito de blasfemia, y ahí sí que estamos terminados.

Uno de los argumentos más usados a favor de las leyes de blasfemia es que son esenciales para mantener la «paz social», lo cual es una tontería grande como una sandía…pero suena familiar, ¿no?. Por eso el odio se ha convertido en un recurso estratégico del poder político, es polarizante, desacredita al disidente y es moralizante porque le permite al Poder decidir qué es lo «no odioso» y, por lo tanto, bueno.

Los partidarios de la censura dirán que lo que se pretende limitar son las «cosas odiosas» que resulten verdaderamente peligrosas, lo que nos lleva a una mayor arbitrariedad: ¿Quién puede asegurar qué cosas se hacen con o sin odio? ¿Qué odios sí están permitidos? ¿Qué es exactamente lo que no podemos «odiar»? Y sobre todo, ¿quiénes tienen permitido odiar? Porque, evidentemente, la censura siempre es ejercida por quienes tienen el poder; por consiguiente, la única cuestión que hay que plantear es en nombre de qué principios las personas que sí pueden expresarse tienen derecho a impedir que otros lo hagan.

Bajo el paraguas de la libertad de expresión, está permitido el odio, la sátira más negra, el insulto, y la estupidez. No se puede castigar a nadie por odiar y la protección penal sólo debe existir cuando se ataque a sujetos individuales en sus derechos fundamentales; entre los que no se encuentra de ninguna manera el derecho a no ser ofendidos. Prohibir los comentarios ofensivos es prohibir la libre opinión, porque ofenderse es tan subjetivo que puede darse en cualquier mensaje y con cualquier persona.

Las sociedades del occidente libre progresaron gracias a ser libres de ofender y ser ofensivos y esta evolución es la que dio por tierra con delitos de blasfemia. Esto es fundamental para el desarrollo del arte, la ciencia y la tecnología; así como para la resolución pacífica de conflictos. Esto es lo que estamos dando por sentado que quieren garantizar las corrientes políticas que ganan terreno enfrentando al wokismo. Es lo que esperamos, mínimamente, de ellos.

Ahora bien: Si un empleador despide a una persona porque las opiniones de esta atentan contra su negocio está en su derecho. Si una institución educativa da de baja a un alumno o docente porque incumplió su normativa de conducta mediante sus opiniones está en su derecho. Si un grupo de privados decide boicotear a aquellos productos o personas con las que no está de acuerdo, están en su derecho. Si una red social decide expulsar a un usuario también está en su derecho. ¡El que no tiene derecho a hacer ninguna de esas cosas es el Estado y sus administradores, aka «los políticos», los burócratas o quienes cuenten con beneficios estatales que los pongan en una situación de privilegio!

Por eso, al meterse Carr, Bondi y Trump en un asunto perfectamente legítimo de rechazo social a las posturas denigrantes de Kimmel, lo que hicieron fue validar a Kimmel. Ya los ordenamientos jurídicos modernos disponen de herramientas para castigar, penal y civilmente, a quienes vulneren derechos como el honor, la intimidad o la dignidad, si fuera el caso. Y para lo demás está el mercado, que funciona siempre y cuando los gobiernos mantengan lejos sus garras.

No se trata simplemente de que el remedio sea peor que la enfermedad. Es que toda regulación que atente contra la libertad de expresión -como la censura, la desbancarización, la imposición de delitos de odio o blasfemia- ES LA ENFERMEDAD.

La orden ejecutiva 14149 marca un precedente histórico alentador. Por primera vez en décadas, un presidente pone límites legales explícitos a la censura gubernamental y reconoce formalmente que el Estado no debe ser árbitro de la verdad en el debate público. Si Trump mantiene coherencia con su propia orden ejecutiva y resiste las presiones de quienes lo rodean podríamos estar presenciando el inicio de una restauración genuina del libre intercambio de ideas. El mercado de ideas funciona mejor que cualquier comisario de la moral, pero sólo si los gobiernos resisten la tentación de convertirse en árbitros de lo decible.