El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado un nuevo espaldarazo a la política migratoria de Donald Trump al anular una sentencia del Noveno Circuito que había dificultado al Gobierno poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido a cientos de miles de ciudadanos venezolanos durante la Administración de Joe Biden.

La decisión, adoptada este lunes, elimina una de las principales barreras judiciales a las que se enfrentaba la Casa Blanca para retirar esta protección y deja a un elevado número de venezolanos expuestos a procedimientos de expulsión si carecen de otra autorización para permanecer legalmente en Estados Unidos.

El Supremo ha aceptado la petición de la Administración, ha anulado la sentencia anterior y ha devuelto el caso al tribunal inferior para que vuelva a estudiarlo teniendo en cuenta un importante precedente establecido por la propia Corte el pasado mes de junio.

La decisión supone una nueva victoria para Trump en su batalla por recuperar el control de la política migratoria frente a los jueces federales que han tratado de bloquear algunas de las medidas impulsadas desde su regreso a la Casa Blanca.

Biden concedió protección a más de 600.000 venezolanos

La Administración Biden amplió de forma considerable el TPS para ciudadanos venezolanos. En 2021, Washington concedió esta protección a aproximadamente 268.000 venezolanos, mientras que una nueva designación realizada en 2023 incorporó a otros 348.000.

El mecanismo permite a determinados extranjeros procedentes de países afectados por guerras, catástrofes u otras circunstancias extraordinarias permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener autorización para trabajar.

Tras regresar al poder, Trump decidió poner fin a estas designaciones al considerar que las circunstancias que justificaban su mantenimiento habían cambiado y que la Administración tenía autoridad para decidir cuándo debía terminar una protección concebida originalmente como temporal. Sin embargo, los tribunales federales comenzaron a bloquear algunas de estas decisiones.

Un juez de San Francisco frenó en 2025 la retirada del TPS venezolano y posteriormente el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito respaldó parte de ese criterio, al sostener que el Ejecutivo había excedido sus competencias. La Administración Trump recurrió entonces al Supremo.

El Supremo refuerza las competencias del Ejecutivo

La clave de la nueva decisión se encuentra en una sentencia dictada por el Supremo el pasado mes de junio en otro procedimiento relacionado con el TPS. En aquella ocasión, el alto tribunal interpretó una disposición de la legislación migratoria que establece que las decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre la designación, prórroga o terminación del TPS no pueden ser revisadas judicialmente mediante reclamaciones ordinarias no constitucionales.

La legislación establece expresamente que no existe revisión judicial sobre determinadas decisiones del Ejecutivo relativas a la concesión o retirada de esta protección.

El Supremo consideró que el texto legal es amplio y suficientemente claro, reduciendo considerablemente la capacidad de los tribunales inferiores para paralizar estas decisiones administrativas. Ahora ha ordenado al Noveno Circuito reconsiderar el caso venezolano bajo ese mismo criterio.

Nuevo respaldo a la agenda migratoria de Trump

La resolución supone otro avance para una de las grandes prioridades de la segunda Administración Trump: reducir las protecciones migratorias concedidas durante los años de Biden y acelerar las deportaciones de extranjeros que carezcan de otro fundamento legal para permanecer en el país.

El TPS no equivale a la residencia permanente ni concede automáticamente un camino hacia la ciudadanía. Su objetivo es proporcionar protección provisional mientras persistan determinadas circunstancias excepcionales en el país de origen.

La batalla judicial sobre los venezolanos se había convertido precisamente en una discusión sobre hasta qué punto los tribunales podían impedir que un presidente pusiera fin a decisiones temporales adoptadas por una Administración anterior. La respuesta del Supremo limita ahora considerablemente ese margen.