El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) en el marco de la cruzada declarada por Washington contra la corte, incluyendo a su presidenta, Tomoko Akane, sancionada el pasado agosto, y solo horas después de conocerse que su exmagistrada, la conocida activista de izquierdas Navanethem Navi Pillay, ha sido galardonada con el premio Nobel de la Paz.

Recordemos que Navi Pillay, de 85 años, ha recibido el Premio Nobel de la Paz de 2026 por «sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional», según el comité noruego, que ha reconocido «su contribución a la persecución judicial de los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio», con especial encono contra el Gobierno de Israel.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. ha tomado la decisión contra el organismo con sede en La Haya, sin dar más detalles, al tiempo que ha emitido hasta cuatro exenciones relacionadas con las actividades del tribunal, si bien ha avisado de que se reserva medidas punitivas adicionales si la corte «no responde a sus inquietudes».

Así, el Tesoro permite realizar, hasta el 7 de abril de 2027, «transacciones» con el TPI que sean necesarias para «la continuidad de las operaciones, incluidos los pagos de los Estados parte (…), el pago de salarios, seguros médicos y servicios médicos para los empleados, beneficiarios de subvenciones o contratistas del TPI; el pago de alquileres, servicios públicos, impuestos, seguros y otras tasas; el pago de servicios rutinarios a la corte».

El objetivo de este «plazo de mantenimiento» es dotar de tiempo a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma, que regula el TPI, para que «demuestren avances significativos en la búsqueda de soluciones diplomáticas y jurídicas que aborden las preocupaciones fundamentales de Estados Unidos en relación con» el tribunal, de acuerdo a un comunicado del Departamento de Estado.

La cartera de Scott Bessent autoriza además la tramitación del pago de pensiones por parte del TPI, las transacciones «relacionadas con las telecomunicaciones y el software empresarial en las que interviene» el TPI, así como la prestación de «servicios destinados a la salud, la seguridad y el bienestar» de las personas bajo custodia de la corte y de los «servicios para el funcionamiento de las instalaciones» que albergan a los detenidos.

La medida es un paso más en la campaña de Estados Unidos contra el tribunal, al que acusa de ser un organismo «supranacional corrupto» y «politizado» que abusa de su autoridad. Un total de 17 personas, entre ellas jueces, fiscales y la propia presidenta del TPI, están sancionados en represalia por la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.