La presión ejercida por la Administración Trump sobre el Congreso para que apruebe una ley que prohíba a los extranjeros obtener licencias comerciales de conducción para camiones ha derivado en la entrada en vigor de nuevas restricciones que impactarán de forma directa en el sector del transporte en Estados Unidos.
La medida, anunciada a comienzos de febrero, supone la retirada progresiva de licencias comerciales a conductores con determinados estatus migratorios temporales, incluso en casos en los que estos disponían de autorización para trabajar. Las licencias no quedarán anuladas de inmediato, pero no podrán renovarse cuando caduquen, lo que implicará su salida paulatina del mercado laboral.
Según estimaciones de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA), alrededor de 200.000 conductores con licencias comerciales no domiciliadas —aproximadamente el 5% del total de 3,8 millones de conductores interestatales activos— podrían verse afectados. De ellos, cerca de 194.000 tendrían que abandonar el sector del transporte de mercancías. A esta cifra se suman unos 20.000 titulares de permisos de aprendizaje.
La normativa excluye expresamente a solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios del programa DACA, que ya no podrán acceder a este tipo de licencias. En adelante, únicamente podrán optar a ellas ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o titulares de determinados visados laborales específicos, como los H-2A, H-2B o E-2.
Este endurecimiento se produce en paralelo al avance en el Congreso de la denominada «Ley de Dalila», impulsada tras un accidente en el que resultó herida una menor. El proyecto legislativo plantea reforzar las restricciones actuales y vincula su cumplimiento a la financiación federal: los estados que no se adapten a estas exigencias podrían perder fondos destinados a infraestructuras de transporte.
Desde el Departamento de Transporte, el secretario Sean P. Duffy defendió la decisión argumentando motivos de seguridad vial, al considerar que el sistema anterior permitía el acceso a conductores que, a su juicio, no cumplían con los estándares adecuados.
Por su parte, el presidente Donald Trump ha respaldado públicamente estas iniciativas, insistiendo en la necesidad de endurecer los requisitos para los conductores profesionales y reiterando sus críticas a la concesión de licencias a inmigrantes.
La entrada en vigor de estas medidas abre ahora un escenario de incertidumbre en el transporte por carretera, un sector clave para la economía estadounidense que podría enfrentarse a una reducción significativa de su fuerza laboral en los próximos meses.
