Las recetas económicas de la Administración Trump surten efecto en Estados Unidos. Tras un año de mandato, la Casa Blanca presume de un giro significativo en los principales indicadores fiscales, laborales y regulatorios, apoyándose en datos oficiales de organismos como la Oficina de Análisis Económico (BEA), la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y el propio Ejecutivo federal.

Uno de los elementos más destacados es la reducción del déficit público. Según las cifras disponibles, el desequilibrio fiscal acumulado en los últimos doce meses se ha reducido en torno a un 22% respecto al año anterior, después de haber encadenado fuertes aumentos durante la etapa final de la Administración Biden. El ajuste se produce tras haber heredado, según el entorno de Trump, un presupuesto prácticamente comprometido en su totalidad debido a los llamados continuation bills.

En paralelo, el Gobierno ha iniciado un recorte del tamaño del sector público federal. En lo que va de año se han eliminado aproximadamente 217.000 empleos federales, una medida que el Ejecutivo justifica como necesaria para corregir lo que considera una expansión artificial del aparato administrativo financiada con deuda. Además, se ha ordenado una reducción adicional del gasto público del 8% de cara al ejercicio presupuestario de 2026.

En materia fiscal, la Administración ha confirmado la que define como la mayor bajada de impuestos de las últimas décadas, con el objetivo de estimular la inversión, el consumo y la actividad empresarial. La Casa Blanca defiende que esta política se está aplicando de forma compatible con la consolidación fiscal gracias al control del gasto.

El enfoque regulatorio también ha experimentado un cambio profundo. El nuevo marco establece la eliminación de diez regulaciones por cada nueva norma aprobada, una estrategia orientada a reducir cargas administrativas y facilitar la actividad económica. A ello se suma la prohibición de las monedas digitales emitidas por bancos centrales, una decisión que el Ejecutivo vincula a la defensa de la libertad económica y la estabilidad del sistema financiero.

Otro de los pilares del nuevo rumbo es la reivindicación de la libertad de expresión, que la Administración sitúa como un elemento clave de su política institucional y económica, especialmente en relación con el sector tecnológico y financiero.

Los datos laborales y fiscales, junto con la evolución del gasto y del déficit, son utilizados por el entorno de Trump para presentar su primer año de mandato como un punto de inflexión tras la etapa anterior. Sus defensores admiten que el modelo puede no encajar en las categorías ideológicas tradicionales, pero sostienen que los resultados lo acercan a una agenda claramente orientada al control del Estado, la reducción de la deuda y el impulso de la actividad privada.