La Administración Trump ha anunciado su intención de designar a grupos antifascistas extranjeros como organizaciones terroristas internacionales, una decisión con profundas implicaciones diplomáticas y legales que podría afectar a colectivos e individuos vinculados al movimiento conocido como antifa. El anuncio se produjo en un contexto insólito: durante una mesa redonda en la Casa Blanca, el propio Donald Trump transformó una pregunta casual en una orden directa a su secretario de Estado y a su principal asesor político.

El episodio tuvo lugar en un acto centrado en la clasificación de antifa como grupo terrorista doméstico. Un periodista preguntó al presidente si su gobierno valoraba incluir también a las organizaciones antifascistas del extranjero en esa lista. Trump, inicialmente sorprendido, respondió improvisando: «¿Antifa como organización terrorista extranjera? ¿Deberíamos hacerlo?». Acto seguido se giró hacia sus asesores y, sin mediar deliberación, ordenó: «Hagámoslo. Marco, encárgate». El secretario de Estado, Marco Rubio, y el asesor Stephen Miller asintieron de inmediato, dando a entender que la instrucción quedaba aprobada sobre la marcha.

Esta designación, si se formaliza, activaría un arsenal jurídico automático: congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense, prohibición de transferencias o ayudas económicas, y penalización de cualquier contacto financiero con los señalados. Las personas implicadas podrían ser arrestadas o deportadas, y los gobiernos que les ofrecieran amparo se expondrían a sanciones o presiones políticas. En la práctica, equivaldría a convertir a los movimientos antifascistas internacionales en enemigos oficiales del Estado norteamericano.

Entre los asistentes al acto se encontraba Jack Posobiec, un comentarista afín al entorno de Trump, quien argumentó que los movimientos antifascistas «tienen raíces y financiación europeas». Trump asintió, y Miller reforzó esa idea. En declaraciones posteriores al diario ABC, Posobiec afirmó que España fue uno de los primeros focos del antifascismo moderno, aludiendo a la Guerra Civil de los años treinta y a la expansión posterior del movimiento por Europa occidental.

La decisión se enmarca en la orden ejecutiva firmada por Trump el 22 de septiembre de 2025, que define oficialmente a antifa como «una organización anarquista y militarizada que promueve el derrocamiento del gobierno, las fuerzas del orden y el sistema judicial de Estados Unidos». El texto sostiene que el grupo emplea «métodos ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia política y terrorismo interno», incluyendo disturbios, agresiones y sabotajes. Según la Casa Blanca, antifa recluta y adoctrina a jóvenes estadounidenses, coordina acciones con otros movimientos radicales y busca «socavar la aplicación de las leyes federales».