El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha publicado esta semana el borrador del informe Una revisión crítica de los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima de Estados Unidos, redactado por el Grupo de Trabajo sobre el Clima 2025. El documento, aún sujeto a consulta pública durante 30 días, representa un giro notable en la posición oficial estadounidense al revisar con escepticismo el consenso predominante sobre la gravedad de la crisis climática y la eficacia de las medidas promovidas a escala internacional, según avanza The Objective.

La publicación, respaldada por la Administración de Donald Trump, ofrece argumentos científicos que justifican la revocación de la normativa de 2009 que calificaba al dióxido de carbono como una amenaza para la salud pública. En contraposición, este informe sostiene que el CO2, lejos de ser únicamente un contaminante, podría estar desempeñando un papel beneficioso en ciertos contextos, como el crecimiento vegetal o la productividad agrícola, debido al aumento de la fotosíntesis.

Uno de los aspectos más controvertidos del informe es su análisis del calentamiento global. Aunque reconoce que el CO2 tiene propiedades de gas de efecto invernadero, los autores aseguran que los escenarios utilizados habitualmente en los modelos climáticos exageran tanto la sensibilidad del clima al dióxido de carbono como las proyecciones futuras de temperatura. Estas críticas son compartidas por la Asociación de Realistas Climáticos, una organización integrada por científicos españoles, que ya ha advertido de las limitaciones metodológicas de los modelos actuales y de su tendencia a sobreestimar el calentamiento en distintas capas atmosféricas.

Además, el estudio pone en duda que exista una intensificación o aumento sostenido de los eventos meteorológicos extremos. Según el documento, los registros históricos no reflejan un patrón claro de agravamiento en fenómenos como huracanes, inundaciones, sequías o tornados, y atribuye muchas de las aparentes variaciones al comportamiento natural del clima, a la falta de datos concluyentes o a las imperfecciones de los modelos utilizados.

Otro de los puntos destacados es el análisis del nivel del mar. Aunque se reconoce un incremento global de unos 20 centímetros desde principios del siglo XX, el informe subraya que las diferencias regionales tienen mayor relevancia y, en muchos casos, se deben a factores locales como el hundimiento del terreno. No se detecta una aceleración preocupante en el ritmo de aumento.

En cuanto a los efectos económicos del cambio climático, los autores argumentan que las políticas internacionales de mitigación podrían resultar más costosas que el propio impacto del CO2. A su juicio, los cálculos del llamado «coste social del carbono» están fuertemente condicionados por supuestos discutibles y carecen de una base sólida para justificar intervenciones drásticas. De hecho, aseguran que las actuales estrategias climáticas tendrán un efecto prácticamente nulo en la evolución futura del clima global, al menos en el corto y medio plazo.

Los encargados de elaborar este borrador son cinco investigadores con trayectorias consolidadas en disciplinas como la física, la economía o la climatología: John Christy, Judith Curry, Steven Koonin, Ross McKitrick y Roy Spencer. Todos ellos han sido seleccionados por el secretario de Energía, Chris Wright, para conformar este grupo independiente con el propósito de revisar con rigor los supuestos científicos que guían la política climática global.

El documento también plantea que factores naturales como la actividad solar podrían haber tenido un impacto mayor en el calentamiento observado a finales del siglo XX de lo que se ha admitido hasta ahora. Esta hipótesis, según los autores, complica aún más la tarea de atribuir exclusivamente a las emisiones humanas los cambios recientes en el clima terrestre.

La relevancia del informe radica en que es la primera vez que una potencia mundial, sin negar la existencia del cambio climático, plantea abiertamente si estamos realmente ante una «crisis» de proporciones alarmantes, desafiando así la narrativa dominante en organismos internacionales como Naciones Unidas. El debate, por tanto, queda abierto.