La Administración de Donald Trump ha intensificado la investigación sobre la congresista demócrata Ilhan Omar, de origen somalí, con el objetivo de reunir pruebas que permitan retirarle la ciudadanía estadounidense y, posteriormente, deportarla, según una información publicada por The Wall Street Journal.

La investigación se centra, entre otros aspectos, en las circunstancias en las que Omar obtuvo la nacionalidad estadounidense en 2000, después de llegar al país procedente de Somalia. Las autoridades también examinan la documentación migratoria de su familia y las actuaciones de su padre, Nur Omar Mohamed, quien trasladó a su hija y a otros familiares desde un campo de refugiados en Kenia hasta Estados Unidos en 1995.

Las autoridades federales han emitido más de una docena de citaciones para que distintas personas, entre ellas familiares de la congresista, declaren ante un gran jurado en Minnesota. Según fuentes conocedoras del procedimiento citadas por el diario estadounidense, los investigadores tratan de determinar si se produjeron irregularidades en los documentos utilizados para obtener la ciudadanía.

La pesquisa examina concretamente si Omar o su padre alteraron su edad en la documentación migratoria para que figurase que tenía 17 años, en lugar de 18, cuando se solicitó la nacionalidad. De haber sido menor de edad en las circunstancias contempladas por la normativa, habría podido adquirir la ciudadanía automáticamente a través de su padre, sin necesidad de iniciar un procedimiento independiente.

La investigación incluye también un registro de la residencia de Omar en Washington, efectuado por agentes federales el lunes anterior a la publicación de la información. Según el diario, los agentes se incautaron de dispositivos electrónicos, cuadernos y un pasaporte. El Departamento de Justicia confirmó que el registro había sido autorizado judicialmente, aunque no ofreció detalles adicionales.

La congresista musulmana, de 44 años y representante demócrata por Minnesota, ha negado reiteradamente haber cometido fraude migratorio. Su oficina acusó a Trump de intentar apartar del Congreso a una de las principales voces progresistas y sostuvo que no existe fundamento para las acusaciones.

El caso se produce en el contexto de una campaña más amplia de la Administración republicana para revocar la nacionalidad de inmigrantes que, según las autoridades, la obtuvieron mediante declaraciones falsas. El Gobierno ha presentado más de 200 demandas de desnaturalización contra personas condenadas por delitos y otros investigados.

No obstante, la retirada de la ciudadanía exige un procedimiento judicial. El Departamento de Justicia debe demostrar ante un tribunal federal que la persona afectada incurrió en falsedades sustanciales durante el proceso de naturalización. La mayoría de los procedimientos impulsados recientemente todavía no se han resuelto.

Leon Fresco, antiguo alto funcionario de inmigración del Departamento de Justicia durante la Administración de Barack Obama, advirtió de que el caso dependerá de la existencia de pruebas materiales que acrediten que Omar mintió sobre su propia edad, y no únicamente de posibles falsedades cometidas por su padre.

Paralelamente, la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, ha señalado que existen otras investigaciones en curso relacionadas con las declaraciones financieras de la congresista.