La Administración Trump da un paso más en su ofensiva contra el espionaje chino, al que considera la principal amenaza para la seguridad nacional y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Washington prepara la aprobación de una ambiciosa ley de contrainteligencia —bautizada como Secure Act (acrónimo en inglés de Strategic Enhancement of Counterintelligence and Unifying Reform Efforts)— que entrará en vigor en 2026 y transformará por completo el modo en que el país combate la infiltración extranjera.

El proyecto persigue un objetivo claro: endurecer las medidas frente a los servicios secretos chinos y cortar cualquier vía de penetración en el Gobierno federal o en sus agencias de inteligencia. Para ello, la norma prevé la creación de un nuevo organismo central bajo la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), que sustituirá al actual National Counterintelligence and Security Center (NCSC). Este nuevo centro nacional asumirá la coordinación de todos los esfuerzos de contraespionaje del país, con autoridad sobre el FBI, la CIA, la NSA, la DIA y el resto de estructuras de inteligencia militar.

Según fuentes próximas al Congreso estadounidense, la reforma busca superar la «fragmentación operativa» que ha permitido a potencias rivales como China o Rusia explotar lagunas en la cooperación entre agencias. El texto de la ley redefine además el concepto de contrainteligencia, que dejará de tener un enfoque meramente defensivo —basado en la detección y neutralización de amenazas— para pasar a uno ofensivo, en el que las operaciones de infiltración, engaño y contraataque sean parte de la estrategia oficial. En la práctica, Estados Unidos pretende no sólo identificar espías, sino también tomar la iniciativa frente a ellos mediante acciones encubiertas.

El Secure Act también introduce un sistema más riguroso de supervisión de daños provocados por intrusiones extranjeras. Hasta ahora, el Congreso ha reprochado a las agencias su tendencia a minimizar los fallos y a ocultar el alcance real de las filtraciones. Con la nueva normativa, el centro de contrainteligencia tendrá acceso directo a los informes de penetración y deberá emitir evaluaciones independientes sobre las pérdidas de información clasificada.

Uno de los efectos más relevantes de la ley será su impacto en la cooperación internacional. Las fuentes consultadas advierten de que el nuevo organismo estará facultado para suspender la colaboración con cualquier país o institución extranjera si existe sospecha de infiltración china, incluso aunque no haya pruebas concluyentes. «Bastará el riesgo», señalan. Eso podría afectar de lleno a socios tradicionales de Washington, entre ellos España, donde Huawei mantiene contratos en sistemas de comunicaciones del Estado.

En concreto, el Ejecutivo español tiene adjudicaciones activas con la tecnológica china en áreas sensibles como el sistema de escuchas policiales Sitel, la red de comunicaciones del Ejército del Aire y servicios del Ministerio de Hacienda. Este último contrato ha sido incluso notificado al Departamento del Tesoro estadounidense, que lo considera un posible riesgo de seguridad.