El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes la imposición de sanciones contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, y un letrado del organismo, por su papel en la investigación a Israel por supuestos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha incluido en su lista a la magistrada japonesa y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado litigante de alto rango, sin dar más detalles al respecto.

Asimismo, el organismo ha expedido una licencia que autoriza la liquidación de transacciones que impliquen a ambos miembros del TPI hasta el próximo 17 de septiembre.

Además de Akane y Seye, la Administración Trump ha sancionado ya a otros ocho magistrados del TPI, así como a su exfiscal jefe Karim Jan, y otros dos fiscales adjuntos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha justicado la medida acusando a los dos últimos afectados de haber «participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios» de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, lo cual, ha advertido en un comunicado, «sienta un peligroso precedente para todas las naciones».

El jefe de la diplomacia estadounidense ha enmarcado así estas sanciones en una «campaña diplomática» para poner freno a lo que considera como «abusos de poder» del TPI, y ha manifestado su deseo e que otros países se sumen a ella.

«La Administración Trump ha sido clara: el TPI es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal», ha zanjado.