La Corte Suprema ha dado este lunes luz verde a la administración Trump para revocar un conjunto de medidas humanitarias que protegían de la deportación de unos 500.000 venezolanos, cubanos y haitianos que residen actualmente en Estados Unidos. Con esta decisión, el máximo tribunal autorizó el avance de la Casa Blanca en su intento por deshacer una de las últimas disposiciones migratorias implementadas bajo el mandato de Joe Biden, concretamente la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La resolución judicial, emitida de forma concisa, fue aprobada con sólo una magistrada en desacuerdo: la jueza Ketanji Brown Jackson, del ala progresista del tribunal. El fallo suspende temporalmente la intervención del juez federal Edward Chen, quien había bloqueado los planes de la actual administración alegando que la medida parecía estar motivada, al menos en parte, por prejuicios raciales. Para Chen, las acciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, abrían la puerta a «una posible deportación inminente» de decenas de miles de personas.
La decisión judicial afecta específicamente a una designación de TPS realizada en octubre de 2023 y renovada en enero de este año, justo antes del regreso de Trump a la presidencia. Esta protección, cuya vigencia se extendía hasta octubre de 2026, permitía a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en el país, con renovaciones periódicas de hasta 18 meses.
Noem, designada por Trump para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, intentó en febrero anular esa ampliación del TPS. Su postura fue que la situación actual en Venezuela ya no justifica esa protección excepcional. La administración, a través del procurador general D. John Sauer, defendió en la Corte que las decisiones sobre TPS son facultades exclusivas del Ejecutivo y que no deberían ser cuestionadas por tribunales inferiores. «Este tipo de decisiones requieren rapidez, discrecionalidad y flexibilidad, cualidades reconocidas por el propio Congreso en materia de política migratoria», argumentó Sauer.
La medida fue impugnada por la Alianza Nacional TPS y varios ciudadanos venezolanos, quienes llevaron el caso a los tribunales. Sus abogados alegaron que la maniobra del gobierno pretendía evitar el control judicial sobre el uso de sus propias atribuciones y advirtieron que, de aplicarse, se traduciría en miles de despidos laborales y expulsiones masivas hacia un país todavía considerado inseguro.
