La Justicia estadounidense ha condenado a ocho integrantes de una célula vinculada a Antifa a penas que suman 450 años de prisión por su participación en un ataque armado contra un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE— en Texas. Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2025 en el centro de detención de Prairieland, situado en Alvarado, al sur de Dallas.

Según la acusación recogida por Apollo News, los integrantes del grupo acudieron al recinto vestidos de negro, algunos con material táctico, armas, chalecos antibalas y explosivos. Allí lanzaron fuegos artificiales, vandalizaron instalaciones y vehículos y atrajeron a los agentes hacia el exterior antes de abrir fuego. Un policía de Alvarado resultó herido de bala en el cuello.

Cien años para el cabecilla

Benjamin Hanil Song, considerado por los fiscales el dirigente operativo del grupo, recibió la condena más alta: cien años de prisión. El jurado lo declaró culpable de intento de asesinato por disparar contra el agente que acudió al lugar tras recibir el aviso.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Song adquirió armas, las distribuyó entre otros participantes y reclutó integrantes mediante entrenamientos con armas y actividades vinculadas a grupos ideológicamente afines. El resto de las condenas fueron las siguientes:

Maricela Rueda fue sentenciada a 70 años; Cameron Arnold, Savanna Batten, Zachary Evetts, Bradford Morris y Elizabeth Soto recibieron 50 años cada uno; y Daniel Rolando Sanchez-Estrada fue condenado a 30 años. Los delitos incluyen motín, uso de armas y explosivos, obstrucción, apoyo material a terroristas y, en el caso del principal acusado, intento de asesinato.

Una protesta contra el ICE convertida en una emboscada

La concentración había sido presentada inicialmente como una protesta contra las políticas migratorias y el funcionamiento de los centros de detención. Sin embargo, la Fiscalía describió lo sucedido como una operación coordinada destinada a provocar la salida de los agentes y atacarlos. Los participantes lanzaron fuegos artificiales contra el recinto, pintaron mensajes contra el ICE y dañaron vehículos y estructuras de seguridad.

Cuando los agentes acudieron al lugar, uno de los integrantes del grupo abrió fuego desde una zona próxima y alcanzó a un policía. Las autoridades localizaron posteriormente armas, munición, equipos de protección y documentación de carácter anarquista y anti-ICE.

El primer gran castigo contra una célula Antifa

El Departamento de Justicia ha presentado las condenas como las primeras impuestas a acusados vinculados formalmente con Antifa después de que la Administración Trump intensificara la persecución del terrorismo político de extrema izquierda. El fiscal general adjunto Todd Blanche celebró la sentencia y advirtió de que quienes ataquen a las fuerzas de seguridad y a edificios federales recibirán una respuesta «rápida e implacable».

Para el Gobierno estadounidense, el caso demuestra que la violencia contra policías, agentes fronterizos e instalaciones migratorias no será tratada como una simple protesta callejera. La acusación sostuvo que los implicados no eran manifestantes espontáneos, sino miembros de una estructura coordinada que preparó armas, explosivos y comunicaciones antes del ataque.

Las defensas niegan la existencia de una organización terrorista

Los abogados de los condenados han anunciado recursos y rechazan la caracterización realizada por el Gobierno. Philip Hayes, defensor del principal acusado, afirmó que no se trataba de «un grupo de terroristas», sino de jóvenes que querían expresar su oposición a la política migratoria. Varias defensas sostuvieron que algunos de los participantes esperaban asistir a una protesta pacífica y desconocían que se utilizarían armas.

También cuestionan que Antifa pueda considerarse una organización formal, al tratarse de un movimiento descentralizado sin una estructura nacional única. Sin embargo, el jurado consideró probada la existencia de coordinación entre los acusados y los declaró culpables de delitos relacionados con terrorismo, violencia y apoyo material.

Una sentencia que marca un precedente

El proceso tiene una importancia que supera el ataque de Texas. La Justicia federal investiga otros episodios de violencia ocurridos durante protestas contra el ICE y los centros de deportación, y las condenas de Prairieland pueden convertirse en un precedente para futuras causas. El mensaje de las autoridades es claro: la militancia política no proporciona inmunidad cuando una protesta deriva en una emboscada armada contra agentes públicos.

La extrema izquierda estadounidense ha intentado presentar durante años a Antifa como una simple corriente informal sin responsables ni jerarquías. El juicio de Texas ha mostrado, según la Fiscalía, una realidad distinta: reclutamiento, entrenamiento, armamento y coordinación para atacar una instalación federal.

Otros acusados relacionados con los hechos deberán conocer sus sentencias próximamente, mientras los ocho primeros condenados afrontan ya penas que, en conjunto, alcanzan cuatro siglos y medio de prisión.