Las amenazas de muerte contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han alcanzado niveles sin precedentes. Según datos oficiales revelados esta semana por la propia agencia, los mensajes intimidatorios dirigidos contra funcionarios y sus familias se han incrementado un 8.000%, mientras que las agresiones físicas han aumentado más de un 1.300% en el último año, según reporta Breitbart.

Los responsables del ICE atribuyen este clima de hostigamiento a la campaña de demonización impulsada desde sectores de la izquierda radical y reforzada por dirigentes políticos de jurisdicciones gobernadas por los demócratas. En uno de los episodios recientes, un individuo dejó un mensaje de voz a un agente deseándole la muerte a él y a su familia y animándole a suicidarse, según confirmaron fuentes oficiales.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, denunció que este tipo de amenazas no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de un discurso político que presenta a los agentes federales como «enemigos del pueblo».

«Comparar sistemáticamente a los agentes del ICE con la Gestapo o con fuerzas represivas tiene consecuencias reales», advirtió McLaughlin. «Son padres, madres, hijos e hijas que cada día cumplen con la ley y sólo quieren volver a casa con vida».

Desde el DHS subrayan que la violencia verbal ha derivado ya en intentos de asesinato. En octubre del año pasado, un miembro de la banda Latin Kings en situación ilegal fue acusado de solicitar el asesinato de un alto mando de la Patrulla Fronteriza. Investigadores federales han alertado además de que cárteles mexicanos y grupos criminales colaboran con activistas anti-ICE para poner recompensas por la cabeza de agentes federales.

El pasado mes, dos hermanos gemelos fueron arrestados en Nueva Jersey tras presuntamente amenazar de muerte a la propia portavoz del DHS. Las autoridades advierten de que la escalada de violencia pone en riesgo no solo a los agentes, sino al propio Estado de Derecho, al convertir en objetivo legítimo a quienes ejecutan las leyes migratorias aprobadas por el Congreso.