El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ordenado investigar la fundación de George Soros por posibles cargos de terrorismo y violencia, en una maniobra que evidencia cómo la administración de Donald Trump intensifica la presión sobre este polémico filántropo. La instrucción fue transmitida a varias fiscalías federales en distintos puntos del país, incluyendo Nueva York, Washington D.C., California, Chicago, Detroit y Maryland, con el mandato de elaborar planes de actuación en los que se contemplen delitos tan graves como asociación ilícita, fraude electrónico, incendios provocados o incluso apoyo material al terrorismo.

La orden llegó desde la oficina del vicefiscal general, Todd Blanche, a través de un memorando firmado por Aakash Singh, encargado de coordinar con los fiscales de distrito. El documento, según fuentes internas, se basaba en un informe elaborado por el centro conservador Capital Research Center, que acusa a la Open Society Foundations de haber canalizado más de 80 millones de dólares hacia entidades supuestamente vinculadas con extremismo y violencia. Entre esas organizaciones se cita al grupo palestino al-Haq, declarado por Israel como pantalla de actividades terroristas, una decisión que en su momento fue rechazada por la propia fundación de Soros, que la tachó de carente de evidencias creíbles.

Este movimiento marca una ruptura con la tradición de autonomía judicial que durante décadas buscó proteger al Departamento de Justicia de presiones políticas directas. En esta ocasión, la iniciativa refleja claramente las exigencias del presidente Trump, quien ha reclamado en repetidas ocasiones que Soros sea encarcelado. En declaraciones televisivas, el mandatario lo calificó como «un hombre peligroso» y lo acusó de respaldar protestas violentas en todo el país, llegando incluso a invocar la ley RICO, usada históricamente contra la mafia, para justificar posibles acusaciones.

El clima político se tensó aún más tras el asesinato del activista de derechas Charlie Kirk en Utah. Ese episodio fue definitivo para acrecentar la lucha contra «la izquierda radical» y para amenazar con emplear todos los resortes del Estado contra financiadores de causas radicales, colocando de nuevo a Soros y a su hijo en el centro de sus dianas.

Desde la propia Open Society Foundations se respondió con dureza a estas acusaciones, calificándolas de intentos políticos de silenciar la disidencia y de limitar derechos constitucionales básicos, como la libertad de expresión y de asociación. La organización —con influencia en varios países de Occidente— insistió en que su labor dentro de Estados Unidos está orientada a la promoción de la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, negando de forma tajante cualquier implicación en actividades violentas. «Nuestras acciones son pacíficas y legales», subrayó en un comunicado.

El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, defendió la iniciativa asegurando que el organismo “prioriza la seguridad pública” y que investigará a cualquier colectivo que presuntamente conspire para violar las leyes federales.