La Administración de Donald Trump ha demandado a las autoridades electorales de California para intentar impedir que el estado contabilice las papeletas de voto por correo de unas 20.000 personas a las que el Gobierno federal considera posibles no ciudadanos estadounidenses, hasta que se pueda verificar su situación migratoria. La iniciativa judicial llega a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y ha desatado un enfrentamiento entre Washington y las autoridades californianas.

La demanda, presentada por el Departamento de Justicia, acusa a California de no haber cumplido el plazo de 48 horas concedido para revisar una lista de nombres remitida en una memoria USB protegida con contraseña. El Gobierno federal sostiene que esas personas podrían estar inscritas irregularmente en el censo electoral y haber recibido papeletas para participar en los comicios.

Sin embargo, la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, ha denunciado que la Administración Trump no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones. La responsable electoral ha defendido la legalidad de los procedimientos del estado y ha advertido de que las exigencias federales amenazan el derecho al voto de miles de ciudadanos.

La lista de 20.000 presuntos votantes no ciudadanos fue enviada el martes al registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, aunque incluye nombres de personas de diferentes puntos de California. Logan ha subrayado que su oficina carece de jurisdicción sobre las papeletas de otros condados y que no puede negarse a contabilizarlas basándose exclusivamente en acusaciones que no han sido verificadas.

El responsable electoral también ha cuestionado la seguridad del procedimiento empleado para transmitir los datos. Según explicó, la memoria USB llegó acompañada de una nota manuscrita con la contraseña de acceso. La oficina de la secretaria de Estado indicó, además, que la clave figuraba en una nota adhesiva.

El enfrentamiento por el censo electoral de California se produce cuando más de 23 millones de personas están registradas para votar en el estado. Algunas de las contiendas electorales californianas podrían resultar decisivas para determinar qué partido controla la Cámara de Representantes durante los dos últimos años del mandato de Trump.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha rechazado la petición federal de retener las papeletas y ha acusado a la Administración de vulnerar la legislación que limita los cambios en los registros electorales durante los 90 días anteriores a unos comicios.

La Administración Trump ha intensificado este año sus investigaciones sobre el voto de personas sin ciudadanía estadounidense. El Departamento de Justicia sostiene que busca garantizar la integridad de las elecciones, mientras que California denuncia que las exigencias federales carecen de fundamento suficiente.