
La Administración de Donald Trump prepara una nueva fase de su ofensiva contra el narcotráfico en Iberoamérica. Después de un año de ataques militares estadounidenses contra embarcaciones acusadas de transportar droga por el Caribe y el Pacífico, Washington pretende trasladar ahora parte de esa estrategia a tierra firme mediante operaciones conjuntas con gobiernos aliados de la región.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció durante una visita a Panamá que Estados Unidos trabaja para ampliar la cooperación operativa con países como Colombia, Honduras y Ecuador contra cárteles, organizaciones guerrilleras y otros grupos que Washington ha pasado a considerar organizaciones terroristas.
La doctrina representa un endurecimiento sustancial respecto a la tradicional cooperación estadounidense basada en inteligencia, entrenamiento, financiación y suministro de armamento.
Trump quiere ahora utilizar directamente capacidades militares estadounidenses contra las estructuras del narcotráfico, bajo el argumento de que los grandes cárteles deben recibir un tratamiento semejante al reservado durante décadas a organizaciones yihadistas.
«Dondequiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, serán un objetivo igual que ISIS o Al Qaeda», advirtió Hegseth.
Colombia aparece como uno de los principales escenarios de la nueva estrategia. El recientemente investido presidente Abelardo de la Espriella ha solicitado formalmente una mayor colaboración militar estadounidense para combatir al narcoterrorismo, según anunció Hegseth durante una reunión de la Coalición de las Américas contra los Cárteles celebrada en Panamá.
El secretario de Defensa afirmó que el nuevo Gobierno colombiano ha autorizado la preparación de operaciones militares conjuntas destinadas a «destruir terroristas y redes terroristas». Washington contempla incluso acciones contra organizaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal guerrilla todavía activa en Colombia.
La llegada de De la Espriella supone un cambio radical respecto a las difíciles relaciones que Estados Unidos mantuvo con el anterior Ejecutivo izquierdista de Gustavo Petro, enfrentado repetidamente con Trump por la política antidroga y las operaciones estadounidenses en el Caribe.
Colombia también se incorporará al denominado Escudo de las Américas, convirtiéndose en el decimonoveno miembro de la iniciativa regional impulsada por Trump para coordinar a los gobiernos que quieren intensificar la lucha contra los cárteles.
La estrategia no es únicamente una declaración de intenciones. Ecuador ya comenzó en marzo operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses, convirtiéndose en el ejemplo más avanzado de la nueva política de intervención directa contra organizaciones criminales.
El país afronta desde hace años una grave crisis de seguridad provocada por organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional, con asesinatos, atentados, secuestros y luchas por el control de rutas y puertos.
Washington considera ahora que estos grupos ya no deben ser tratados únicamente como organizaciones de delincuencia organizada.
La Administración Trump ha designado 20 organizaciones criminales iberoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras, incorporando a la lista distintos cárteles y bandas que operan desde México hasta Sudamérica.
El Departamento de Estado mantiene actualmente en su listado oficial organizaciones como el Cártel de Juárez y Los Viagras, añadidas en julio de este año, junto con otros grupos criminales designados previamente.