La Administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso para recuperar el control de la política migratoria estadounidense. El Gobierno quiere restringir de forma drástica la posibilidad de que los extranjeros soliciten la residencia permanente —la conocida «green card»— desde dentro de Estados Unidos, incluso cuando entraron legalmente en el país.
La nueva política supondría un cambio de gran calado en el sistema migratorio estadounidense. Desde 1952, la legislación permite que determinados extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos puedan obtener la residencia permanente mediante un procedimiento conocido como «ajuste de estatus». Esta vía ha beneficiado durante décadas a personas que llegaron con visados temporales y después solicitaron quedarse de forma definitiva.
Según una nota difundida el 22 de mayo por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos —USCIS, por sus siglas en inglés—, la Administración pretende que quienes busquen ajustar su estatus tengan que hacerlo, salvo en «circunstancias extraordinarias», a través de un proceso consular fuera del territorio estadounidense.
En la práctica, eso obligaría a muchos solicitantes a abandonar el país antes de pedir la residencia permanente. La medida busca cerrar una puerta que, según la Casa Blanca, ha permitido a numerosos extranjeros permanecer en Estados Unidos mientras sus expedientes avanzan dentro del sistema.
El comunicado oficial sostiene que la nueva orientación «reduce la necesidad de encontrar y expulsar a quienes deciden esconderse y permanecer ilegalmente en Estados Unidos».
La decisión apunta directamente a una de las grandes vías de acceso a la residencia permanente. En 2024, casi 1,4 millones de personas obtuvieron una «green card», y el 58% lo hizo desde dentro de Estados Unidos mediante el ajuste de estatus.
El cambio puede afectar especialmente a familiares directos de ciudadanos estadounidenses, incluidos cónyuges, padres e hijos, que representan una parte mayoritaria de las solicitudes de ajuste de estatus.
El objetivo político de Trump es claro: no basta con combatir la inmigración ilegal en la frontera; también hay que revisar los mecanismos legales que, durante años, han permitido transformar estancias temporales en residencias permanentes dentro del país.
La medida ha provocado alarma entre abogados migratorios y solicitantes, que advierten de que el nuevo criterio puede congelar una parte importante de la inmigración legal y separar temporalmente a familias mientras sus expedientes se tramitan en consulados extranjeros.
Para muchos inmigrantes, salir de Estados Unidos para completar el proceso puede resultar inviable. En 75 países, la Administración ha pausado la tramitación de visados. Los nacionales de esos Estados representaron más del 40% de las solicitudes de ajuste de estatus en 2024.
A ello se suman los largos tiempos de espera en consulados de países como India, donde conseguir una cita puede demorarse un año o más. Además, los solicitantes que hayan permanecido ilegalmente en Estados Unidos durante más de un año se enfrentan, si abandonan el país, a una prohibición automática de reentrada durante diez años.
La Administración también ha emitido un memorando interno para que los funcionarios migratorios examinen con mayor dureza las solicitudes de ajuste de estatus. La instrucción busca que los expedientes sean revisados con más rigor y que esta vía deje de operar como un mecanismo casi automático de regularización.
Los abogados migratorios sostienen que la medida será impugnada ante los tribunales y que podría enfrentarse a límites legales, ya que el ajuste de estatus no fue diseñado por el Congreso como una excepción residual. Determinados visados temporales permiten expresamente la llamada «doble intención»: entrar al país de forma provisional y, en el futuro, aspirar a la residencia permanente.
Sin embargo, incluso si la nueva política termina judicializada, el efecto inmediato será endurecer el sistema. USCIS ya ha comenzado a enviar solicitudes de información adicional a los expedientes, lo que anticipa un proceso más largo, costoso e incierto.
La estrategia encaja con la línea migratoria de Trump: elevar el coste administrativo de permanecer en el país, dificultar las regularizaciones internas y obligar a los extranjeros a tramitar su residencia desde fuera de Estados Unidos.
