Un jurado de San Francisco ha declarado culpable a inmigrante ilegal que se hacía pasar por conductor de plataformas de transporte para captar a mujeres a la salida de locales nocturnos y agredirlas sexualmente. Según publica Daily Mail, el acusado, de nombre Orlando Vilchez Lazo, afronta ahora una posible condena que podría oscilar entre los 100 años de prisión y la cadena perpetua, según informó la fiscalía del distrito tras un juicio que se prolongó durante doce semanas.
De acuerdo con el veredicto, Vilchez Lazo fue hallado culpable de dos cargos de secuestro con intención de cometer violación, tres cargos adicionales de secuestro, cuatro cargos de violación mediante fuerza o intimidación y dos cargos de penetración sexual con objeto extraño. La fiscal de distrito señaló que los hechos acreditados en el proceso reflejan un patrón de actuación reiterado, dirigido a víctimas que creían estar utilizando servicios legítimos de transporte compartido.
El acusado empleaba un vehículo con distintivos visibles de aplicaciones como Uber y Lyft para generar confianza entre potenciales pasajeras. Según la acusación, seleccionaba a mujeres que abandonaban discotecas o bares y las convencía de subir al automóvil, haciéndoles creer que era el conductor asignado. Una vez dentro, procedía a sustraerles sus teléfonos móviles para impedir que solicitaran ayuda y las trasladaba a zonas aisladas donde cometía las agresiones.
La fiscalía destacó que varias víctimas lograron identificar al acusado en ruedas de reconocimiento, mientras que pruebas materiales recuperadas en su domicilio contribuyeron a reforzar la vinculación con los delitos. Entre dichas pruebas se encontraban dispositivos móviles pertenecientes a las víctimas, lo que, según los investigadores, evidenciaba un modus operandi consistente orientado a dificultar la comunicación con terceros.
Asimismo, las autoridades indicaron que el análisis de ADN desempeñó un papel determinante en la investigación, permitiendo relacionar distintos episodios ocurridos a lo largo de varios años. El caso experimentó retrasos significativos debido a la complejidad probatoria, la existencia de múltiples víctimas y diversas impugnaciones legales en torno a la validez de las pruebas genéticas.
Las agresiones documentadas se remontan al menos a 2013. Según los testimonios presentados en el juicio, el acusado conducía a las víctimas a áreas poco transitadas, donde las amenazaba con un objeto punzante o metálico antes de perpetrar los abusos. En algunos casos, las víctimas lograron escapar y alertar a residentes cercanos, lo que facilitó la intervención policial.
Las plataformas de transporte implicadas señalaron que el acusado no mantenía relación activa con sus servicios en el momento de los hechos. Una de ellas confirmó que había trabajado previamente como conductor, aunque habría proporcionado información falsa durante el proceso de registro.
La sentencia será dictada previsiblemente a finales de abril, aunque la fecha exacta aún no ha sido fijada. La fiscalía destacó el papel de las víctimas durante el proceso judicial, señalando que su testimonio resultó clave para sostener la acusación pese a las dificultades inherentes al procedimiento penal.
