El juez de distrito James Randal Hall ha suspendido temporalmente el plan de la Administración Biden-Harris para perdonar las deudas estudiantiles de más de 25 millones de personas. Esta decisión representa una victoria parcial para los siete fiscales generales republicanos que demandaron la medida, argumentando que el Departamento de Educación y el Gobierno no siguieron los procedimientos adecuados.
Los fiscales generales de Missouri, Georgia, Alabama, Arkansas, Florida, Dakota del Norte y Ohio acusaron a la Administración de intentar implementar el plan de manera irregular, sin una normativa publicada y presionando a contratistas federales para que comenzaran a cancelar las deudas en septiembre. Según los denunciantes, es el tercer intento del secretario de Educación, Miguel Cardona, de condonar masivamente los préstamos estudiantiles sin pasar por el Congreso, luego de que dos intentos previos fueran bloqueados por el Tribunal Supremo.
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, celebró el fallo: «Es una gran victoria para los trabajadores estadounidenses que no tendrán que asumir la deuda de quienes asistieron a las Ivy League». Otros fiscales, como Ashley Moody de Florida, señalaron que la norma afectaría negativamente a los contribuyentes, y Tim Griffin, de Arkansas, afirmó que el Congreso es el único con autoridad para cambiar la ley.
Desde la Casa Blanca, un portavoz expresó su desacuerdo con la decisión, calificándola de «extralimitación» y acusando a los republicanos de intentar bloquear un alivio para millones de estadounidenses. A pesar del revés, la Administración Biden-Harris prometió continuar luchando por la cancelación de las deudas estudiantiles, con la esperanza de que el plan final se presente en otoño. El bloqueo estará vigente por 14 días, con una audiencia prevista para el 18 de septiembre.
