Un jurado de Milwaukee ha declarado culpable a la jueza del condado Hannah Dugan por obstruir una operación federal de inmigración tras ayudar a un inmigrante ilegal a escapar de los agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) que lo esperaban en el propio juzgado. La magistrada se enfrenta ahora a hasta cinco años de prisión por interferir deliberadamente en un procedimiento oficial.

La condena llegó tras apenas seis horas de deliberación, después de que la Fiscalía demostrara que Dugan sacó al acusado por una puerta trasera del tribunal para evitar su detención. El inmigrante, Eduardo Flores Ruiz, había sido deportado con anterioridad y se encontraba de nuevo en Estados Unidos de forma ilegal, por lo que afrontaba cargos penales.

Durante el juicio, la fiscal adjunta Kelly Brown Watzka fue tajante al describir la actuación de la jueza: «Era una jueza frustrada y enfadada que decidió tomarse la justicia por su mano y actuar de forma corrupta». La acusación sostuvo que Dugan confrontó a los agentes federales, los envió a otra dependencia del edificio y, aprovechando su ausencia, suspendió la vista y condujo personalmente al inmigrante y a su abogado fuera del juzgado.

Los hechos quedaron además registrados en una grabación interna, en la que la jueza comenta con su taquígrafa la posibilidad de utilizar el pasillo privado y una escalera secundaria para facilitar la huida. En otro momento, al ser advertida por su asistente, Dugan afirmó: «Yo me encargo. Yo asumiré el coste», según recogió The Washington Post.

Pese a los intentos de la defensa por presentar el caso como una persecución política, el veredicto ha sido celebrado por el Departamento de Justicia. El fiscal general adjunto Todd Blanche subrayó que la jueza «traicionó su juramento y el Estado de derecho», y remarcó que «nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes visten toga».

Dugan cuenta con un largo historial de colaboración con organizaciones proinmigración, entre ellas Catholic Charities, un dato que ha alimentado la polémica en torno a la creciente militancia ideológica de parte del poder judicial en Estados Unidos.

El inmigrante ilegal fue finalmente detenido fuera del edificio y deportado en noviembre, pero el caso deja un precedente claro: la justicia no puede convertirse en refugio para sabotear la ley, incluso cuando quien la vulnera es una jueza.