Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ha respaldado la decisión tomada por la Administración de Donald Trump de finalizar el estatus legal temporal de cientos de miles de inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ha anulado así una resolución previa de la juez de distrito Indira Talwani, que había cuestionado la autoridad de la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para revocar la llamada «libertad condicional» migratoria que permitía la estancia temporal en el país de unos 430.000 extranjeros, medida adoptada durante la Administración de Joe Biden.

El panel de tres jueces del circuito —todos designados por presidentes demócratas— concluyó que los demandantes no lograron probar que la secretaria carecía de facultades legales bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para eliminar de forma generalizada dichos permisos.

Asimismo, ha descartado el argumento presentado por Talwani sobre que la medida de Noem fue adoptada de forma «arbitraria y caprichosa». «No estamos de acuerdo. Determinamos que los demandantes no han presentado pruebas firmes sobre que puedan tener éxito a la hora de demostrar que la acción de la secretaria fuera arbitraria y caprichosa, ya que dio una explicación razonada», ha dicho.

«Por las citadas razones, damos carpetazo a la orden del tribunal de distrito y remitimos el caso para que se realicen más procedimientos de conformidad con esta opinión. Así se ordena», zanja el documento publicado por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en la ciudad de Boston.

El programa migratorio, ampliado en 2023 por la Administración Biden, ofrecía permisos temporales de hasta dos años para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses ilegales que llegaran por vía aérea. Entre octubre de 2022 y enero de 2025, más de medio millón de extranjeros accedieron a permisos de trabajo bajo esta vía. El Gobierno de Trump decidió poner fin al programa tras ganar las elecciones.