Alemania destinó en 2025 más de 528 millones de euros en prestaciones por hijo a cuentas bancarias situadas fuera del país, una cifra récord que vuelve a poner en cuestión el funcionamiento del sistema de ayudas sociales y su impacto en la inmigración. Los datos, publicados por la Agencia Federal de Empleo (BfA), confirman un crecimiento sostenido de estas transferencias en el extranjero durante la última década.

En 2010, el Estado alemán apenas enviaba 36 millones de euros en este concepto fuera de sus fronteras. Quince años después, la cifra se ha multiplicado hasta superar el medio billón de euros, tras haber alcanzado ya los 514 millones en 2024. En total, Alemania desembolsó 55.300 millones de euros en ayudas por hijo en 2025, de los cuales alrededor del 1% acabó en cuentas bancarias extranjeras.

La mayor parte de estos pagos se dirigieron a otros países de la Unión Europea, especialmente Polonia, Rumanía, la República Checa y Francia. Desde la BfA subrayan que el hecho de que el dinero se transfiera a una cuenta extranjera no implica necesariamente que el menor resida fuera de Alemania, ya que muchos inmigrantes conservan cuentas bancarias en sus países de origen.

Sin embargo, los propios datos oficiales revelan el peso creciente de la inmigración en el sistema de prestaciones. De los 17,6 millones de niños por los que se pagó la ayuda en 2025, más de 3,9 millones —el 22%— no tenían nacionalidad alemana, lo que supone cerca de 13.000 millones de euros destinados a beneficiarios extranjeros. Los grupos más numerosos corresponden a ciudadanos turcos y ucranianos.

Estas cifras han reavivado el debate político en Alemania. Desde el partido soberanista AfD han reclamado una reforma profunda del sistema. El diputado René Springer ha defendido que el acceso a estas ayudas para extranjeros esté condicionado, como ocurre en Dinamarca, a permisos de residencia válidos y varios años de empleo efectivo, con el objetivo de frenar lo que califica como «inmigración hacia los sistemas de bienestar».

Actualmente, Alemania abona 259 euros mensuales por hijo a todos los padres o tutores residentes en el país con menores de entre 0 y 17 años. En el caso de ciudadanos comunitarios, no es obligatorio trabajar en Alemania para percibir la prestación, en virtud de la normativa europea.

El sistema, además, ha sido objeto de fraudes reiterados. En febrero de 2025, las autoridades destaparon en Duisburgo una trama organizada por clanes familiares procedentes del sureste de Europa, principalmente de Rumanía y Bulgaria, que habían registrado de forma fraudulenta a menores inexistentes para cobrar las ayudas públicas.