Alemania registró en 2024 un total de 63.977 mujeres víctimas de violencia sexual, según los últimos datos oficiales difundidos por el Gobierno federal tras una solicitud del partido Alternativa para Alemania (AfD) en el Bundestag. Las cifras muestran que el 35% de los agresores eran inmigrantes, pese a que estos representan apenas el 15% de la población, lo que refleja una sobrerrepresentación alarmante en los delitos sexuales.
El informe oficial detalla además que las mujeres sufrieron más de 265.000 agresiones físicas y 155.000 delitos contra su libertad personal durante el mismo periodo. En torno a 12.600 mujeres alemanas fueron víctimas de violencia sexual cometida por extranjeros, de las cuales 4.000 casos correspondían a asilados, refugiados o personas con estatus de residencia tolerada.
Entre las nacionalidades más implicadas, sirios, afganos y turcos encabezan las estadísticas con 1.530, 1.063 y 1.059 sospechosos, respectivamente. Desde 2015, las autoridades han contabilizado 135.000 delitos cometidos por sospechosos sirios, lo que equivale a un delito cada 39 minutos.
Los datos complementarios obtenidos por la revista Freilich amplían el panorama: entre 2015 y 2024 se registraron más de 460.000 crímenes cometidos por sospechosos procedentes de los diez principales países de origen —Siria, Afganistán, Irak, Irán, Marruecos, Argelia, Nigeria, Pakistán, Somalia y Eritrea—, lo que confirma la magnitud del problema.
La copresidenta de AfD, Alice Weidel, señaló que las cifras demuestran el «fracaso absoluto del Gobierno en materia de inmigración y seguridad«. Añadió que más de la mitad de las mujeres alemanas afirman no sentirse seguras en los espacios públicos, un dato que considera «la consecuencia directa de políticas migratorias irresponsables».
Pese a la contundencia de los números, el Gobierno alemán no incluye el origen migratorio de los sospechosos con doble nacionalidad o ciudadanía alemana, lo que impide conocer el alcance real de la criminalidad vinculada a la inmigración. Sólo el estado de Renania del Norte-Westfalia ha comenzado a registrar esta información, enfrentándose a la oposición de la izquierda, mientras que Dinamarca ya aplica este criterio para evaluar con mayor precisión los fallos en las políticas de integración.