La comisión de investigación sobre las bandas de explotación sexual infantil ha anunciado que Oldham, Bradford y Keighley, así como Londres, serán los primeros territorios en los que se desarrollarán pesquisas locales para esclarecer cómo actuaron estas redes de mayoría pakistaní y cuál fue la respuesta institucional ante los abusos.

El organismo ha adelantado además que en los próximos meses se incorporarán nuevas localidades a este proceso, con el objetivo de completar un análisis de alcance nacional sobre este fenómeno.

Las investigaciones territoriales examinarán de forma pormenorizada las circunstancias en las que los menores fueron captados y explotados, la actuación de las administraciones y organismos competentes, el trato dispensado a las víctimas y supervivientes y las posibles reformas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a producirse.

En el caso de Bradford y Keighley, la comisión ha señalado que las denuncias y preocupaciones existentes desde hace años sobre posibles casos de explotación sexual infantil fueron determinantes para seleccionar ambas zonas como prioritarias dentro de la investigación.

Por su parte, el análisis previsto en Londres se centrará en estudiar cómo las autoridades identificaron, investigaron y afrontaron los delitos cometidos por estas bandas. La comisión ha reconocido, no obstante, que la dimensión de la capital británica y la diversidad de sus numerosos distritos supondrán un reto añadido para los investigadores.

Oldham, cuya inclusión ya había sido anunciada con anterioridad, cuenta con trabajos preliminares en marcha desde hace semanas, según ha explicado el organismo.

Además de estas investigaciones locales, está previsto que a finales de este año comiencen las audiencias de carácter nacional, que servirán para contrastar la información obtenida en las distintas regiones y elaborar una visión global del problema.

La investigación estatutaria fue creada por el Gobierno británico encabezado por el primer ministro Keir Starmer en junio del pasado año, tras varios meses de intenso debate político sobre la conveniencia de poner en marcha este proceso. La comisión está presidida por la excomisionada para la Infancia Anne Longfield y comenzó formalmente sus trabajos a finales de marzo.