El proyecto Stek Oost, presentado como un experimento ejemplar de «convivencia», acumula agresiones sexuales, amenazas con cuchillos y denuncias ignoradas desde 2019. Pese a las advertencias y denuncias, el Ayuntamiento descarta su cierre anticipado.

Un complejo residencial en Ámsterdam, concebido como un experimento pionero de integración entre inmigrantes y estudiantes, seguirá operativo hasta 2028 pese a una larga sucesión de agresiones sexuales, episodios de violencia, amenazas con armas blancas y delitos relacionados con drogas ocurridos en su interior.

El proyecto, conocido como Stek Oost, abrió en 2018 en el barrio de Watergraafsmeer con el objetivo de aliviar la escasez de vivienda y fomentar la convivencia entre 125 estudiantes holandeses y 125 solicitantes de asilo, mediante un sistema de «compañeros» destinado a facilitar la integración social de los recién llegados.

Con el paso del tiempo, el modelo de convivencia idealizado dio paso a un entorno descrito por antiguos residentes como marcado por el miedo y la inseguridad. Testimonios recogidos en investigaciones periodísticas y documentales relatan agresiones sexuales en espacios compartidos, peleas frecuentes y amenazas graves, algunas de ellas con cuchillos de cocina.

Uno de los casos más graves fue el de una estudiante —identificada con el nombre ficticio de Amanda— que denunció haber sido violada en 2019 por un refugiado sirio tras acudir a su habitación. La investigación policial fue archivada inicialmente por falta de pruebas. Meses después, otras residentes alertaron a la entidad gestora del complejo sobre el mismo individuo, advirtiendo del riesgo que suponía para la seguridad del resto.

Pese a ello, no se adoptaron medidas eficaces. El agresor no fue expulsado del complejo hasta 2022, después de cometer una segunda agresión sexual. En 2024 fue finalmente condenado por violar a dos mujeres, recibiendo una pena de tres años de prisión.

La asociación de vivienda Stadgenoot, responsable del edificio, solicitó ya en 2019 un plan de actuación a la policía y al Ayuntamiento ante la escalada de incidentes y las amenazas sufridas incluso por el personal del complejo. Sin embargo, las autoridades municipales sostuvieron que no podían desalojar de forma abrupta a 250 residentes, descartando el cierre anticipado del recinto.

En 2022, la cadena local AT5 informó además de otro residente inmigrante acusado de seis agresiones sexuales cometidas entre 2018 y 2021, lo que dio lugar a un prolongado conflicto legal para intentar apartarlo del edificio.

Desde el ámbito institucional, la presidenta del distrito este de Ámsterdam reconoció públicamente las limitaciones legales para expulsar a residentes peligrosos, incluso cuando su conducta genera miedo entre los vecinos. La propia alcaldesa verde de la ciudad, Femke Halsema, ha admitido que el complejo presenta problemas persistentes.

El caso de Stek Oost se enmarca en un clima de creciente tensión en los Países Bajos en torno a la política migratoria y la vivienda. En el último año, protestas contra la apertura de centros de acogida han derivado en disturbios en localidades como Houten y Uithoorn, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En septiembre, choques violentos durante una manifestación en La Haya reclamaron leyes de asilo más estrictas, mientras que en octubre una protesta similar en Ámsterdam denunció el impacto de la inmigración masiva sobre la seguridad y el acceso a la vivienda.

Pese a todo, el Ayuntamiento ha confirmado que Stek Oost continuará funcionando hasta abril de 2028, fecha en la que expirará el contrato y se procederá a su cierre definitivo. Para los antiguos residentes, la decisión confirma que durante años se permitió que la violencia persistiera, no por falta de información, sino por prioridades políticas.