Argentina ha celebrado el envío del primer cargamento agrícola a la Unión Europea sin aranceles tras la aplicación provisional del acuerdo comercial entre Bruselas y Mercosur. Se trata de 22.138 kilos de miel natural procedentes de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, que llegarán al mercado europeo por vía marítima tras ser importados por una empresa alemana, según informa El Debate.

El canciller argentino, Pablo Quirno, anunció la operación en su cuenta de X y la calificó como una noticia «excelente e histórica». «Hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur. Nuestra primera certificación es una exportación de miel desde Concordia, Entre Ríos, hacia Europa», afirmó.

Quirno subrayó que el mismo producto que hasta el 30 de abril ingresaba en el mercado europeo con un arancel del 17,3% parte ahora hacia la UE con arancel cero. A su juicio, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur «es una realidad» y «está en marcha».

La aplicación provisional del pacto entró en vigor el 1 de mayo y contempla 21 cuotas para distintos productos agroindustriales del bloque sudamericano —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— hacia el mercado europeo. Entre ellos figuran carne bovina fresca y congelada, carne aviar y porcina, ajo, miel, arroz, azúcar, maíz, sorgo, etanol y productos lácteos.

La miel aparece, precisamente, entre los productos considerados sensibles por la Unión Europea dentro del acuerdo. En teoría, podrán activarse cláusulas de salvaguardia si las importaciones aumentan un 5% en un plazo de tres años y los precios en origen europeos caen en la misma proporción.

El acuerdo llega tras más de 25 años de negociaciones entre Bruselas y el bloque sudamericano y pretende crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con unos 700 millones de personas integradas. Sin embargo, el pacto ha sido duramente rechazado por amplios sectores del campo europeo, que denuncian una nueva amenaza para sus explotaciones.

Los agricultores europeos advierten de que la eliminación de obstáculos comerciales permitirá la entrada de productos agroalimentarios elaborados bajo costes laborales, normas medioambientales y exigencias fitosanitarias distintas a las que soportan los productores comunitarios. El resultado, denuncian, será una competencia desigual en pleno encarecimiento de los costes internos por la agenda verde de Bruselas.

La polémica llevó al Parlamento Europeo a solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si la fórmula utilizada por la Comisión se ajusta a los tratados comunitarios. Esa decisión paralizó la votación en la Eurocámara, pero Bruselas ha optado por seguir adelante con la aplicación provisional del acuerdo sin esperar al pronunciamiento judicial.

La entrada en vigor plena —ya no provisional— dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo, que sólo tendrá lugar una vez se conozca el dictamen del TJUE. Ese proceso podría demorarse entre 18 y 24 meses desde enero de 2026.