El viejo principio de igualdad ante la Administración se resquebraja en el Reino Unido bajo el lenguaje amable de la «diversidad«. Ayuntamientos británicos están destinando fondos públicos a programas de empleo reservados exclusivamente a minorías étnicas, dejando fuera a demandantes blancos.
La información, publicada por The Telegraph, ha reavivado el debate sobre el denominado «Reino Unido de dos niveles», una expresión utilizada por quienes denuncian que las administraciones públicas aplican criterios distintos en función del origen racial de los ciudadanos.
Los programas afectados incluyen orientación laboral, cursos de formación, talleres para elaborar currículums, mentorías y ayudas al emprendimiento. Aunque las autoridades los justifican como una herramienta para reducir las diferencias de empleo entre grupos étnicos, sus detractores sostienen que discriminan a una parte de la población pese a financiarse con dinero de todos los contribuyentes.
Uno de los casos señalados por el diario británico se encuentra en Sheffield. El ayuntamiento, gobernado por laboristas y verdes, financia un programa destinado específicamente a minorías étnicas con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral. La iniciativa cuenta con financiación pública procedente de varios fondos estatales destinados a impulsar el empleo y el desarrollo económico local.
También en el área metropolitana de Mánchester se han financiado proyectos dirigidos específicamente a vecinos pertenecientes a minorías étnicas, con actividades como talleres de currículum o programas de mentoría para acceder al mercado laboral. La administración metropolitana está dirigida por el alcalde laborista Andy Burnham.
En Escocia, el ayuntamiento laborista de North Lanarkshire reservó algunas ayudas al crecimiento empresarial exclusivamente para emprendedores pertenecientes a minorías étnicas. El consistorio defendió la medida alegando que coexistía con otros programas abiertos al conjunto de la población.
La controversia llega en un momento especialmente delicado para las políticas de «diversidad» en el país. En los últimos meses se han multiplicado las críticas a organismos públicos, fuerzas policiales y administraciones por aplicar políticas diferenciadas en función de criterios raciales. El debate se ha intensificado tras el asesinato de Henry Nowak a manos de Vickrum Digwa, después de que la actuación policial posterior alimentara las acusaciones de racismo antiblanco.
El Departamento de Trabajo y Pensiones británico ya había respaldado anteriormente iniciativas dirigidas exclusivamente a determinados grupos raciales, entre ellas programas de mentoría para minorías étnicas y proyectos reservados únicamente a hombres negros.
Las autoridades defienden estas medidas alegando que la tasa de desempleo entre las minorías étnicas duplica actualmente la registrada entre la población blanca. Sin embargo, sus críticos sostienen que el acceso a programas financiados con dinero público no debería depender del origen racial de los beneficiarios.
El fondo del debate no es sólo laboral, sino institucional. Reino Unido avanza hacia un modelo en el que la Administración deja de tratar a los ciudadanos como iguales ante los servicios públicos y empieza a repartir oportunidades según categorías raciales. Bajo el lenguaje de la diversidad, el Estado termina por legitimar una discriminación que sería inadmisible si se aplicara en sentido contrario.
