La Unión Europea ha reconocido abiertamente una de las amenazas más serias que pesan sobre el continente: el campo europeo se queda sin agricultores. La edad media del trabajador agrícola en la UE ronda los 57 años (según datos de la Comisión Europea), y cada vez menos jóvenes están dispuestos a asumir un oficio que se ha vuelto económicamente incierto, sometido a presiones políticas, climáticas y geopolíticas, y mal remunerado.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, advirtió ante el Parlamento Europeo que los jóvenes agricultores ganan un 40% menos que sus predecesores, y que las mujeres agricultoras reciben entre un 30% y un 37% menos que los hombres. Estas brechas salariales, sumadas al incremento de costes, la burocracia de Bruselas y la competencia desleal de terceros países, han convertido el relevo generacional en una tarea casi imposible.

Hansen subrayó que la crisis no es solo económica: «Mantener la actividad agrícola es esencial para la producción de alimentos, la biodiversidad, el mantenimiento de los territorios rurales e incluso para la seguridad en regiones cercanas a la frontera rusa«. En algunos países del Este, la pérdida de agricultores tiene implicaciones estratégicas que Bruselas prefiere no admitir públicamente.

Los jóvenes reclaman que la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC), prevista para 2027, rompa con el modelo actual y establezca un sistema de apoyo que garantice ingresos estables y servicios básicos en el entorno rural. Durante una visita a Suecia, Hansen relató el caso de una agricultora que debe elegir entre tener hijos o mantener su explotación, porque la guardería más cercana está a una hora de distancia. Bruselas presume de transición ecológica, pero no puede garantizar servicios mínimos en los pueblos.

El presidente de la Organización Europea de Jóvenes Agricultores (CEJA), Peter Meedendorp, acogió positivamente que la PAC incluya un «paquete inicial» para nuevos agricultores, pero advirtió de que las medidas llegan tarde, están mal diseñadas y carecen de financiación clara. La CEJA denuncia que las propuestas son fragmentarias, poco transparentes y sin una guía clara para los gobiernos nacionales, lo que puede complicar aún más la implantación de estrategias rurales.

Meedendorp alertó de que la incertidumbre es devastadora para los jóvenes que consideran dedicarse al campo: «Sin medidas claras, la UE envía la señal de que la agricultura no es viable para la próxima generación«. Añadió que el paquete legislativo actual «no asegura la renovación generacional porque no establece fondos específicos ni mecanismos garantizados para apoyar a los nuevos agricultores».

La socialista española Iratxe García Pérez, presidenta del grupo S&D, reconoció también la gravedad de la situación y reclamó que la PAC garantice la «independencia estratégica y la seguridad alimentaria», lo que implica respaldar de forma real al nuevo agricultor europeo. Sin embargo, advirtió de que no se puede pedir a los agricultores que hagan “más con menos recursos”, una dinámica que Bruselas exige mientras multiplica las obligaciones verdes y los costes regulatorios.

La conclusión es cada vez más evidente: Europa se queda sin relevo en el campo, y la próxima reforma de la PAC será decisiva para evitar un colapso demográfico en la agricultura. Si Bruselas no actúa con claridad y ambición, la “transición verde” corre el riesgo de dejar al continente sin agricultores justo cuando más los necesita.